Durante la campaña electoral actual, el gobierno provisional encabezado por José Jerí ha solicitado al Congreso facultades para implementar reformas centradas en seguridad ciudadana, combate a la criminalidad organizada, crecimiento económico sostenible y fortalecimiento institucional. Paradójicamente, entre las medidas propuestas en su Proyecto de Ley 13280, se encuentra una que limitaría severamente la capacidad de los periodistas de investigar y reportar sobre corrupción, poniendo en riesgo la libertad de prensa y el derecho a la información del público.
El mencionado proyecto de ley propone penalizar la «revelación de información confidencial» relacionada con investigaciones penales y operativos policiales, lo cual efectivamente censura la difusión de datos de interés público y amenaza la labor periodística al restringir el acceso a fuentes reservadas. La ambigüedad en la definición de qué constituye información «reservada» podría abrir la puerta a interpretaciones arbitrarias que cataloguen cualquier tipo de divulgación como delictiva.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) ha criticado abiertamente este esfuerzo por imponer restricciones a la cobertura informativa sobre investigaciones penales de importancia pública, impulsado mayormente por individuos implicados en dichas investigaciones. La ANP ha solicitado a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso eliminar esta parte de la propuesta, argumentando que va en contra del periodismo de investigación y contradice los objetivos del proyecto. Además, ha remarcado que las modificaciones a las leyes penales, por su naturaleza restrictiva de derechos, deberían ser debatidas ampliamente y no aprobadas mediante facultades legislativas, siguiendo las recomendaciones de los estándares internacionales de Derechos Humanos.
Actualmente, la Fiscalía de Lavado de Activos está investigando a la candidata presidencial Keiko Fujimori y su círculo cercano por supuestos delitos de financiamiento ilícito y mal uso de fondos públicos en la campaña de 2021. Asimismo, recientemente se presentó una acusación contra una organización criminal acusada de tomar control ilegalmente de órganos autónomos para beneficiar al partido político Podemos por el Progreso del Perú, en el que José Luna Gálvez es candidato presidencial.
Estas y otras investigaciones, cruciales para la transparencia y el escrutinio público, han sido posible gracias al trabajo del periodismo de investigación. Sin embargo, frente a la necesidad de mayor transparencia, el gobierno propone imponer restricciones que podrían limitar severamente este rol esencial de la prensa.
Con información de https://www.pressenza.com/es/2025/11/proyecto-del-ejecutivo-criminaliza-periodismo-de-investigacion/
