Aquí tienes el contenido reescrito:
Presentamos el comunicado del Centro de Investigación y Elaboración para la Democracia en relación a las medidas cautelares contra Mohammed Hannoun y otros activistas que apoyan a Palestina.
Manifiestamos nuestra profunda sorpresa ante las medidas cautelares impuestas a Mohammed Hannoun y a otros activistas que participan en acciones de solidaridad con el pueblo palestino.
La acusación presentada por la Fiscalía incluye un aspecto de crítica notable: gran parte de los cargos se basa en documentos elaborados por el Ejército israelí, en el contexto de operaciones militares en la Franja de Gaza. Estos materiales han sido admitidos como pruebas, de manera excepcional, sin la debida evaluación de su imparcialidad, fiabilidad y verificabilidad.
Israel no puede ser considerado un actor neutral ni un simple «parte en conflicto». Actualmente, enfrenta un escrutinio por genocidio ante la Corte Penal Internacional y está sujeto a medidas provisionales vinculantes.
Este hecho jurídico es crucial y no puede ser ignorado cuando se utilizan materiales ‘pruebas’ producidos por fuerzas armadas involucradas en crímenes de guerra bajo investigación internacional, afectando la libertad personal de ciudadanos en Italia.
Los documentos en cuestión provienen de un contexto que es incompatible con las garantías del debido proceso, lo que implica la falta de contradicción, su producción unilateral y la procedencia de un aparato militar que está directamente implicado en estos crímenes.
Utilizar tales documentos representa un peligroso deslizamiento hacia la aceptación acrítica de inteligencia militar, en lugar de una cooperación judicial rigurosa.
Particularmente preocupante es la caracterización de actividades humanitarias como «financiación al terrorismo», basada en listas de organizaciones elaboradas por un Gobierno extranjero.
De esta manera, el etiquetado político reemplaza la verificación judicial: si el Ejército israelí clasifica a alguien como «familiar de un terrorista», esta afirmación se considera relevante penalmente sin una revisión independiente por parte de la autoridad judicial italiana.
Bajo este contexto, la acción penal parece ajustarse a una interpretación unitaria y retroactiva de más de dos décadas de trabajo humanitario, intentando atribuir relevancia penal a hechos que ya habían sido archivados previamente.
La incorporación de presuntos «nuevos elementos» ofrecidos por el Ejército israelí tras el 7 de octubre de 2023 crea un clima de urgencia interpretativa que amenaza con socavar los principios de legalidad y la certeza del derecho, afectando la legalidad de acciones de solidaridad completamente legítimas.
Esto se presenta como un caso paradigmático de lawfare: el uso del derecho penal como herramienta de una estrategia política y militar externa, donde la inteligencia de un Estado acusado de genocidio influye en las decisiones de un tribunal en Italia.
Esto plantea serias dudas sobre la autonomía de la función judicial. Por ello, instamos a la magistratura a adherirse estrictamente a los principios de independencia y autonomía.
La investigación penal no debe fundamentarse en pruebas de un aparato militar en conflicto, ni en clasificaciones políticas asumidas como verdades judiciales.
Esto no solo afecta la situación de los imputados, sino que también pone en riesgo la integridad del Estado de derecho y la ya frágil línea entre justicia y guerra jurídica.
Centro de Investigación y Elaboración para la Democracia
Con información de https://www.pressenza.com/es/2025/12/centro-de-investigacion-y-elaboracion-para-la-democracia-fuertes-perplejidad-ante-las-medidas-cautelares-emitidas-contra-mohammed-hannoun-y-otros-activistas/
