España: 50 años del Servicio Civil de Can Serra. Antimilitarismo esencial hoy.

Ovidio Bustillo.

Hubo un tiempo en que la juventud era reclutada por el ejército, forzándola a servir a la «Patria» durante más de un año para prepararse para la guerra y convertirse en ciudadanos obedientes y disciplinados. Este proceso implicaba soportar abusos y aprender formas de brutalidad y machismo patriarcal en el servicio militar. La lucha por la objeción de conciencia y la insumisión, en contra del servicio militar obligatorio y del militarismo, no debe ser olvidada; es parte de nuestra historia y memoria colectiva, crucial para enfrentar la creciente militarización global y la tendencia europea hacia el reclutamiento. La juventud rebelde pagó un alto precio, acumulando más de mil años de prisión, pero consideramos que la lucha valió la pena. Aquellos que lucharon en este movimiento trasladaron su experiencia a otros ámbitos, visibilizando las estrategias de las luchas no violentas que han predominado en estos años.

Al final del artículo se incluye el folleto «La Objeción es un Derecho, no un delito», que proporciona contexto sobre la acción y las cartas dirigidas a los capitanes generales de cada objetor.

En la Nochebuena de 1975, un grupo de cinco objetores de conciencia presentó públicamente, en la Casa de la Reconciliación de Can Serra, un manifiesto titulado «Un camino hacia la paz». En él, explicábamos nuestra labor de servicio civil durante el verano en el barrio y afirmábamos nuestra negativa a realizar el servicio militar, comprometiéndonos a continuar con nuestras actividades civiles durante dos años si no éramos detenidos, a la vez que solicitábamos el reconocimiento de la objeción de conciencia. Concebíamos nuestra acción como una contribución a la paz, sustentada en la utopía de una sociedad sin clases ni guerras: «Confiamos en que la colaboración y el respeto entre todos nos llevará a una sociedad de HERMANOS». En conclusión, pedíamos: «SI QUEREMOS LA PAZ, NO PREPAREMOS LA GUERRA, CONSTRUYAMOS LA PAZ». De esta manera, se daba a conocer el primer servicio civil colectivo y autogestionado como alternativa al servicio militar, pidiendo el reconocimiento de la objeción de conciencia, al igual que en otros países europeos. Era claro que la desobediencia civil podría acarrear nuestras detenciones. El servicio civil se había planificado con anterioridad, mediante una campaña de recogida de firmas para establecer un Voluntariado Para el Desarrollo de dos años, eximiendo a quienes participaran del servicio militar. En mayo de 1975, entregamos más de 1.200 firmas al gobierno, que simplemente ignoró la solicitud.

Para entender mejor el contexto histórico que dio origen a la lucha colectiva por la objeción de conciencia al servicio militar, es fundamental recordar algunos aspectos de los años 70. En ese entonces, la dictadura militar de Franco seguía en pie. En septiembre de 1975, firmó las últimas penas de muerte a tres miembros del FRAP y dos de ETA. Un año antes, Salvador Puig Antich fue ejecutado con garrote vil. En 1972, la cúpula del sindicato clandestino Comisiones Obreras fue detenida, juzgada y condenada a penas severas. El atentado contra Carrero Blanco intensificó la represión del franquismo, mientras las luchas obreras y estudiantiles proliferaban en la clandestinidad, junto con manifestaciones por la amnistía y la libertad de los presos políticos. Parte de la Iglesia Católica, buscando redención por su pasado colaboracionista con el franquismo, apoyó la lucha por la democracia. La pena para los objetores de conciencia era entre tres y ocho años de cárcel, lo que suponía una grave amenaza.

Aparte de los Testigos de Jehová, algunos objetores, como Pepe Beunza, enfrentaron serias repercusiones por negarse a realizar el servicio militar. La Marcha a la Prisión desde Ginebra a Valencia en abril de 1971, que buscaba apoyar a Beunza, fue reprimida en la frontera con Francia, deteniendo a varios activistas y evidenciando la represión franquista. Beunza, apoyado por un grupo no violento, impulsó posteriormente la campaña del Voluntariado para el Desarrollo y el Servicio Civil de Can Serra.

A pesar de que estábamos preparados para la detención en Nochebuena de 1975, la policía no llegó esa noche, ni el día de Navidad, ni la semana siguiente. No fue hasta el 8 de febrero cuando fuimos arrestados, ampliando el grupo de objetores al integrarse dos personas más. Esta nueva etapa supuso visibilizar la represión tras nuestro encarcelamiento en el Castillo Militar de Figueras, exigiendo libertad, al mismo tiempo que se organizaba un nuevo grupo de objetores para continuar el servicio civil en el barrio. La lucha por el reconocimiento de la objeción de conciencia creció y se expandió a otras ciudades. Los «siete de Can Serra» fueron liberados en julio de 1976 tras una intensa campaña de denuncia. La represión siguió, pero con la nueva ley de amnistía de octubre de 1977, muchos objetos fueron liberados. En noviembre de ese mismo año, el ministro de defensa Gutiérrez Mellado promulgó el Decreto de Incorporación Aplazada para los Objetores. Esto permitió al MOC (Movimiento de Objeción de Conciencia) reorganizarse y enfrentar una nueva etapa en su lucha. La protesta por la objeción de conciencia al servicio militar se mantuvo siempre en el ámbito de la no violencia, aplicando diversos pasos tácticos, como:

1. Denunciar la injusticia de encarcelar a quienes se niegan a hacer el servicio militar.
2. Agotar los recursos legales, como la presentación del Voluntariado para el Desarrollo, mostrando la inacción del gobierno.
3. Poner en práctica lo que se pedía, demostrando que un servicio civil es más útil que el servicio militar.
4. Publicar nuestra desobediencia, anticipando la represión y volviendo esta en contra de quienes la ordenan.
5. Visibilizar la represión, buscando la complicidad popular con acciones que faciliten estas reivindicaciones.
6. Expandir el proyecto hasta que desborde la legalidad, forzando al gobierno a buscar soluciones.
7. Reevaluar cuando sea necesario el enfoque de la lucha.

Este enfoque puede aplicarse a diversas luchas sociales, como el derecho a una vivienda digna o la creación de espacios comunitarios.

La Ley de Objeción de Conciencia al Servicio Militar, aprobada en diciembre de 1984, nació como un mecanismo punitivo para los objetores. El MOC se había consolidado en universidades, asociaciones juveniles y comunidades, despertando la simpatía pública. La ley fue impugnada y hasta 1989 el gobierno no hizo el primer llamamiento para el Servicio Civil, que fue rechazado tanto por el MOC como por algunos sindicatos. El servicio militar no debería ser sustituido, sino abolido. La represión se intensificó hacia la insumisión, que emergió como una evolución natural de la objeción de conciencia, con juicios a insumisos que crecieron exponencialmente durante los años 90 y la presión del ejército por penalizar la insumisión severamente. En 1997, el MOC organizó la «Insumisión en los Cuarteles», autoproclamándose como insumisos-desertores. En 1998, una nueva Ley de Objeción de Conciencia equiparó la Prestación Social Sustitutoria al Servicio Militar. Sin embargo, ya era tarde; el número de objetores superaba el millón y la insumisión creció. En marzo de 2001, el gobierno de Aznar suspendió, aunque no eliminó, el Servicio Militar Obligatorio, marcando una victoria para el movimiento antimilitarista. Esto liberó a la juventud del reclutamiento obligatorio, tras más de dos siglos de militarización forzada, destacando la baja valoración del ejército después de una larga dictadura y la exposición de abusos.

Hoy en día, el ejército es valorado principalmente por su trabajo en la UME (Unidad Militar de Emergencia), una función que no debería corresponderle. Su actuación es una forma de intrusismo laboral, dado que estas tareas deberían ser desempeñadas por cuerpos civiles de protección. La idea de crear la UME fue quizás para dar al ejército un papel más útil, pero ha resultado en una militarización de los servicios públicos. También se valora la participación del ejército en más de 100 «misiones de paz» desde la transición a la democracia, pero este intervencionismo frecuentemente crea enemigos y sirve a intereses de poder. Las misiones, como la de España en Líbano, no han sido efectivas para detener abusos militares, mientras que las acciones militares violan derechos humanos y destruyen comunidades. La propaganda militar ha contribuido a ocultar esta realidad, apoyándose en un vasto número de periodistas a su favor.

Desde el inicio de la objeción de conciencia, se ha trabajado en la necesidad de alternativas a la defensa militar, promoviendo la Defensa Popular y Civil No Violenta. Sin embargo, a medida que las agresiones a la población se vuelven más complejas y multifacéticas, se concluye que el ejército no debe ser reemplazado, sino eliminado. Hoy, los ejércitos son más una amenaza que una protección. El desmantelamiento del ejército en España podría aportar mayor seguridad y redirigir recursos hacia necesidades humanas esenciales. La brutalidad del ejército en conflictos como el de Gaza evidencia hasta dónde puede llegar una fuerza militar, intensificando la violación de derechos humanos con el respaldo de potencias como Estados Unidos y la Unión Europea. La militarización de las sociedades, además, supone un riesgo para la democracia y los avances sociales logrados.

Ante esta situación, es crucial actuar, promoviendo un plan de desmilitarización que defienda derechos y libertades, invierta en servicios públicos y fomente valores de cooperación sobre la competitividad. Es fundamental priorizar la vida y el bienestar humano frente a intereses militaristas que amenazan con desencadenar un desastre de proporciones catastróficas.

En este ENLACE, pueden encontrar el FOLLETO explicativo: La Objeción es un Derecho, no un delito

El artículo original se puede leer aquí