Discutir sobre los derechos humanos en Honduras es adentrarse en una extensa crónica de opresión, dentro de lo que se conoce como la sombría doctrina de seguridad nacional, promovida por Estados Unidos en el territorio y en la región durante los últimos años del siglo XX.
Se documenta que más de 184 activistas sufrieron desaparición forzada, y centenares de ciudadanos hondureños fueron ejecutados por aspirar y reclamar un cambio en su nación. Estas cifras, sin embargo, no reflejan la totalidad de las víctimas debido a la significativa cantidad de casos no registrados y a la falta de investigaciones pertinentes.
Abordar el tema de los desaparecidos, asesinatos, encarcelamientos, y exilios forzados involucra también referirse a las crisis desatadas por el golpe de Estado cívico-militar del 2009 y el violento fraude electoral ocurrido en 2017.
Parte de esta problemática es la impunidad casi total frente a estos crímenes. Bertha Oliva, líder del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), subraya que los acontecimientos de 2009 y 2017 son consecuencia de la falta de sanciones y castigos hacia los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en la década de los 80.
En el período post-golpe de Estado (2009-2021), Honduras experimentó un incremento en los índices de violencia y asesinatos, así como en las prácticas represivas institucionales contra la oposición política y social organizada.
La elección de Xiomara Castro en 2021 (Libertad y Refundación – Libre) marcó un cambio en esta dinámica, buscando, a pesar de las dificultades y contradicciones, guiar al país hacia el respeto de los derechos fundamentales.
Algunas de las acciones de la administración de Castro incluyen asumir responsabilidades por los asesinatos de Vicky Hernández y Herminio Deras, siguiendo las disposiciones de la Corte IDH, y apoyar la introducción en el Congreso Nacional de la ‘Ley de cumplimiento de las obligaciones internacionales de los derechos humanos con las víctimas’.
Con un panorama electoral altamente polarizado y dos visiones de país en disputa, surge la inquietud sobre el impacto del resultado electoral del 30 de noviembre en los derechos humanos.
Oliva indica que existe un riesgo significativo para la estabilidad del país, provocado por aquellos que históricamente han saqueado y despilfarrado los recursos nacionales, quienes ahora promueven una campaña de desinformación para revertir los avances logrados.
Ella no duda en afirmar que, de prevalecer el bipartidismo en las elecciones, se experimentaría un grave retroceso en materia de derechos humanos, con un retorno al control de los grupos violentos, y la instauración del cinismo, el olvido, y la negligencia hacia la memoria histórica.
Oliva subraya la importancia de la vigilancia y el reportaje ante las denuncias de fraude y deslegitimización del proceso electoral por parte de la oposición y de los grupos de poder, lo que podría desencadenar una crisis postelectoral y confrontaciones en las calles.
La situación en Honduras es complicada y requiere de atención y precaución constantes, concluye Oliva.
Con información de https://www.pressenza.com/es/2025/11/bertha-oliva-cita-electoral-en-honduras-podria-definir-un-avance-o-un-retroceso-en-materia-de-derechos-humanos/
