El Congreso de Colombia sorprendió al presidente Gustavo Petro al archivar la reforma tributaria esencial para financiar el Presupuesto General de la Nación para 2026. La Comisión Cuarta del Senado votó el 9 de diciembre en contra de la propuesta, resultando en nueve votos negativos frente a cuatro positivos. Esta ley pretendía recaudar 16,3 billones de pesos a través de incrementos en el IVA y tributos a sectores extractivos, altos patrimonios, y otros impuestos sobre bienes y servicios. El Ejecutivo había accedido a reducir el monto inicial, pero eso no fue suficiente.

El rechazo de esta ley de financiamiento constituye un duro revés que limita la capacidad de impulsar otros proyectos significativos, como la reforma a la salud y la creación del Ministerio de la Igualdad. El presidente manifestó su descontento hacia el Congreso, acusando a los legisladores de priorizar intereses políticos y «odio» en lugar del bienestar nacional, advirtiendo sobre posibles consecuencias económicas inmediatas. Por otro lado, la oposición celebró la decisión, sosteniendo que se protegió el bolsillo de los colombianos y se evitó un incremento de impuestos que, según ellos, perjudicaría tanto a empresas como a consumidores.

Las consecuencias fiscales de esta decisión son notorias: el Gobierno enfrenta un deficit considerable en sus cuentas públicas para 2026, lo que le obligará a buscar ajustes presupuestales, recortes de gasto o nuevas fuentes de ingresos, todo esto mientras enfrenta presiones para mantener sus programas sociales en un contexto económico complicado. Expertos han señalado que la falta de una reforma estructural para aumentar la recaudación podría empeorar la inestabilidad fiscal, dejando al Gobierno con opciones limitadas en los meses finales de su mandato.