Durante años, Chile se fue construyendo una imagen de país libre de corrupción. Nos dijimos que nuestros líderes estaban comprometidos y que no había un problema estructural en la administración pública. Esta narrativa se convirtió en parte de nuestra identidad y en un motivo de orgullo en comparación con otras naciones.
Sin embargo, esta percepción se desmoronó con el golpe cívico-militar, que introdujo una forma de corrupción sin precedentes: el abuso del poder absoluto para apropiarse de recursos públicos, desviándolos a intereses privados sin ningún tipo de supervisión, comenzando por el propio dictador.
Desde entonces, la corrupción dejó de ser un problema aislado para convertirse en un riesgo sistémico. A lo largo de los años, nos hemos conformado con una frase engañosa: “estamos mejor que otros”. Aunque esto pueda ser cierto en términos relativos, resulta irrelevante para entender la magnitud del fenómeno. La corrupción no se mide únicamente a través de rankings internacionales; su impacto en la confianza de la ciudadanía, la cohesión social y la legitimidad institucional son igualmente cruciales.
Este es el costo invisible que implica.
La corrupción socava la confianza tanto a nivel personal como en el Estado. Cuando las personas sienten que las reglas no aplican para todos por igual y que aquellos en el poder pueden sortear la ley, se quiebra el contrato social. Esto no solo provoca indignación moral; también genera desafección cívica, incumplimiento de normas, falta de cooperación social y, finalmente, un aumento en la criminalidad.
Chile muestra reticencia a afrontar el problema del crimen organizado que se infiltra en las instituciones débiles y se reproduce donde puede comprar silencios y lealtades. Sin corrupción, no existirían secuestros sistemáticos, extorsiones por «protección», comercio ilegal, ni redes de narcotráfico y trata de personas con control territorial.
Los últimos años han revelado apenas la punta del iceberg. La corrupción en Gendarmería no es un caso aislado, sino parte de un deterioro en la seguridad ciudadana que se origina en la infiltración de organizaciones criminales en el Estado.
A esta corrupción se suma una forma más sutil y menos visible: la captura regulatoria, donde intereses económicos influyen en la legislación para beneficiarse a expensas del bien común, como ha sucedido en la pesca y el sistema previsional. Aunque esto se presenta con una fachada de legalidad, es profundamente ilegítimo.
Más grave aún es la captura judicial, ejemplificada por la trama bielorrusa, que llevó a la destitución de dos ministros de la Corte Suprema por parte del Congreso. No se trató de meros errores, sino de una señal alarmante de debilitamiento institucional, aparentemente por sobornos directos.
Combatir la corrupción de manera efectiva requiere dejar de lado la hipocresía, evitar comparaciones y reconocer que el problema es estructural: necesitamos una transparencia radical, un control efectivo del lobby, protección a los denunciantes, persecución penal especializada y seguir la pista del dinero involucrado, rastreando flujos financieros, testaferros, empresas de fachada y lavado de activos. Pero, sobre todo, es imprescindible tener voluntad política para desmantelar los pactos de autocuidado en las élites.
La corrupción no solo implica un costo económico. Afecta la seguridad, la confianza y el futuro de un país. Y aunque este costo no sea visible en las cuentas públicas, es el más alto que una nación puede enfrentar.
Con información de https://www.pressenza.com/es/2025/12/el-costo-invisible-de-la-corrupcion/
