El 7 de mayo de 2025, se reportó un trágico evento en la provincia de Pataz, ubicada en la región de La Libertad, Perú, cercana a una importante mina de oro. Trece guardias de seguridad, empleados de la compañía R&R Staff que brindaban servicios a la minera artesanal Libmar, fueron encontrados muertos. Estos habían sido secuestrados el 26 de abril, en un incidente supuestamente vinculado a la minería ilegal.
La falta de medidas efectivas contra la minería ilegal fue criticada por la empresa afectada, que manifestó su decepción tras el secuestro de los guardias. Un video mostrando el asesinato de las víctimas circuló en redes sociales, aumentando el horror de los hechos. La policía y las autoridades creen que detrás de estos actos estarían individuos asociados a la minería ilegal, dado que las víctimas fueron halladas atadas en una fosa luego de ser enviadas para enfrentar a una banda criminal.
En respuesta a este violento episodio, el gobierno de Perú, dirigido por la presidenta Dina Boluarte, implementó un toque de queda en Pataz y suspendió las actividades mineras por 30 días, junto con el anuncio de la presencia militar en la zona para retomar el control total de la situación. Estas medidas se tomaron pese a críticas sobre su efectividad, en un contexto en el cual la región ya se encontraba en estado de emergencia desde febrero de 2024, debido a la violencia asociada a la minería ilegal en el área.
La minería ilegal de oro es un problema significativo en Perú, un país clave en la producción mundial de este metal. La situación en Pataz y otros incidentes similares representan riesgos importantes no solo para la seguridad de quienes trabajan en el sector, sino también para el ambiente de inversión en el país.
Con información de https://es.wikinews.org/wiki/Polic%C3%ADa_peruana_encuentra_los_cuerpos_de_los_guardias_de_seguridad_presuntamente_secuestrados_por_mineros_de_oro_ilegales