La crisis humanitaria en Gaza continúa más allá del alto al fuego. La población civil sigue enfrentando la muerte, no solo por la violencia directa, sino también por la destrucción sistemática de infraestructuras esenciales, el bloqueo constante de ayuda vital y el impacto de políticas administrativas sobre la asistencia internacional. En este contexto, Médicos Sin Fronteras (MSF) advierte que las nuevas regulaciones de registro impuestas por las autoridades israelíes podrían dejar a cientos de miles sin acceso a atención médica en 2026, agravando así una tragedia humanitaria que ya resulta irreversible para muchos.
La situación en Gaza ha entrado en una fase de devastación silenciosa que pone en peligro incluso los medios más básicos de sobrevivencia, a pesar del alto al fuego formal de octubre de 2025. Para MSF, una de las principales organizaciones médicas en la Franja, las recientes normativas sobre el registro de ONG internacionales representan una amenaza directa al acceso a atención médica y asistencia humanitaria esencial para cientos de miles de civiles. Estas nuevas reglas podrían hacer que las ONG pierdan su registro a partir del 1 de enero de 2026, lo que significaría la eliminación de servicios fundamentales que ya son cruciales para la población palestina. MSF ha declarado que el sistema de salud en Gaza “está destruido”, y la pérdida de organizaciones humanitarias independientes sería “un desastre” para la población.
Pascale Coissard, coordinadora de emergencias de MSF para Gaza, ha dejado claro que «si obtenemos el registro, planeamos fortalecer nuestras actividades en 2026”, destacando que “en el último año, nuestros equipos han atendido a cientos de miles de pacientes y han distribuido cientos de millones de litros de agua”. Solo en 2025, MSF realizó casi 800,000 consultas ambulatorias, atendió más de 100,000 casos de trauma, realizó 22,700 cirugías, ayudó en más de 10,000 partos, administró 45,000 vacunas y brindó apoyo de salud mental a decenas de miles, además de distribuir más de 700 millones de litros de agua y producir cerca de 100 millones de litros de agua potable. Coissard enfatiza que si se pierde el registro para operar en 2026, una gran parte de la población de Gaza quedará sin acceso a atención médica crítica, agua y servicios vitales que son insuficientes en otras partes de la Franja debido al colapso del sistema de salud.
Desde el inicio del conflicto en octubre de 2023, el Ministerio de Salud de Gaza ha reportado más de 70,600 palestinos muertos y más de 171,000 heridos como resultado de la ofensiva y sus secuelas. Estas cifras incluyen a mujeres, hombres, niñas y niños que viven en un territorio densamente poblado y carente de áreas seguras. A pesar del alto al fuego que comenzó el 11 de octubre de 2025, las violaciones del cese de host hostilidades han llevado a que alrededor de 405 palestinos hayan sido asesinados y más de 1,115 heridos desde entonces, con 649 cuerpos recuperados de los escombros, según datos de autoridades sanitarias palestinas.
Aparte de los impactos directos de los ataques, hay una dimensión humanitaria que está costando vidas de manera indirecta, especialmente entre la niñez. Con la llegada del invierno a Gaza y la precariedad de los refugios, la hipotermia ha causado muertes trágicas entre los niños, consecuencia de la falta de vivienda adecuada, ropa de abrigo y condiciones mínimas de supervivencia que se esperarían en cualquier área civilizada y en paz. Organizaciones de derechos humanos y medios independientes han documentado casos de bebés y niños pequeños que han muerto de frío en hospitales o refugios improvisados, un fenómeno inaceptable en cualquier contexto humanitario moderno.
La destrucción de la infraestructura civil en Gaza ha sido sistemática desde el inicio del conflicto: hospitales, escuelas, redes de agua potable, sistemas de saneamiento y hogares han quedado reducidos a escombros, y los campamentos de refugiados, que alguna vez fueron espacios de resistencia y solidaridad, han sido objeto de ataques constantes. Este patrón de destrucción no solo implica la pérdida de vidas, sino que también aniquila las condiciones necesarias para la recuperación social y sanitaria. Las consecuencias abarcan no solo muertes directas por violencia, sino también la imposibilidad de acceder a tratamientos para enfermedades comunes, complicaciones de salud evitables y el colapso de servicios cruciales para la vida diaria de la población.
Ante esta situación, el mensaje de MSF es claro y urgente: las autoridades israelíes deben garantizar que las ONG internacionales puedan seguir brindando su respuesta imparcial e independiente en Gaza. La respuesta humanitaria, ya gravemente limitada, no puede ser desmantelada aún más sin consecuencias fatales para la población civil. La advertencia de MSF se basa en la experiencia diaria de equipos médicos que observan cómo cada reducción en la capacidad de atención se traduce en muertes evitables. La organización busca una negociación constructiva con las autoridades competentes para garantizar la continuidad de los servicios en 2026, pero el tiempo se agota, y las vidas que dependen de esta negociación son innumerables.
Gaza no es solo un conflicto evaluado en cifras: es un panorama social y humano donde la falta de servicios básicos causa muertes tanto como los ataques directos, y donde obstáculos administrativos —como los requisitos de registro para ONG— pueden tener efectos tan letales como un bombardeo. Las cifras sobre muertes palestinas desde el alto al fuego y los índices de mortalidad total revelan no solo la magnitud de la catástrofe, sino que el ciclo de destrucción, bloqueo de ayuda y colapso institucional sigue marcando el futuro de una población que lucha por sobrevivir.
Con información de https://www.pressenza.com/es/2025/12/gaza-tras-el-alto-al-fuego-cuando-las-trabas-administrativas-amenazan-con-desmantelar-la-respuesta-humanitaria-en-2026/
