El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado un aumento histórico del salario mínimo para el año 2026, fijando el ingreso mensual legal en aproximadamente 1,75 millones de pesos (alrededor de 535 dólares), excluyendo el auxilio de transporte, lo que eleva el total a cerca de 2 millones de pesos mensuales para más de 2,4 millones de trabajadores. Este incremento, del 23 % en cifras nominales y del 18,7 % en términos reales, supera con creces los porcentajes aplicados en años anteriores y se implementó tras el fracaso de las negociaciones entre sindicatos y empresarios para llegar a un acuerdo sobre un aumento menor.

Si bien muchos sectores laborales y de la población ven la medida con optimismo, analistas económicos y líderes empresariales advierten sobre posibles repercusiones. Estas incluyen presiones inflacionarias, riesgos para la estabilidad de las pequeñas y medianas empresas y un aumento en la informalidad del mercado laboral, como consecuencia del aumento de los costes laborales que dificultan la contratación formal. Este anuncio se produce en un contexto de tensiones económicas, con proyecciones de inflación que superan la meta y un debate sobre la sostenibilidad fiscal.

El gobierno ha defendido la medida apelando al concepto de “salario mínimo vital”, sustentándose en estándares internacionales y en la necesidad de que el ingreso garantice el bienestar básico de las familias colombianas. Petro afirmó que el aumento no debe interpretarse como un gasto para la economía, sino como un motor para el crecimiento que impulsa la demanda interna y mejora la calidad de vida de los trabajadores. También argumentó que una remuneración más elevada podría resultar en un incremento de la actividad comercial y, potencialmente, en un aumento del empleo.