Colombia concluye el año con una notable disminución en el número de asesinatos de líderes sociales. Mientras tanto, grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de las FARC se encuentran en proceso de reestructuración.
Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el país logró una mejor cobertura en la protección de derechos humanos en 2025, con un total de 173 asesinatos, que representan ocho casos menos que en 2024 en contra líderes sociales. Entre las víctimas, también se encuentran los firmantes de paz, con 37 asesinatos de compañeros que habían reintegrado a la vida civil a través de diferentes proyectos, siete menos que en el año previo.
A pesar de que estas cifras siguen siendo alarmantes, se observa una clara disminución respecto a 2024, cuando se contabilizaron 93 masacres que dejaron 200 muertos. Para profundizar el análisis, entrevistamos a Camilo González Posso, director de Indepaz, quien nos brinda una visión sobre los asesinatos de líderes y firmantes de paz, así como sobre los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y la lucha territorial entre estas organizaciones y el Estado colombiano.
Stephania Aldana (SA): Buenas tardes, Camilo. Gracias por participar en Pressenza. ¿Podrías explicarnos las causas y los actores detrás de los asesinatos de líderes y firmantes del Acuerdo de Paz en este año?
Camilo González Posso (CGP): Las estadísticas de asesinatos son un indicador que nos permite evaluar la dinámica del conflicto armado en Colombia y su impacto en diversas regiones. Ha habido momentos de ligera disminución en algunos indicadores en este gobierno, pero no podemos afirmar que haya una reversión total de la situación.
Las dinámicas violentas presentan características regionales que revelan zonas en Colombia con niveles de violencia significativamente superiores al promedio nacional. Esta violencia es especialmente aguda en áreas rurales con presencia de grupos armados, así como en zonas donde operan narcotraficantes relacionados con el crimen organizado. Aunque se han firmado acuerdos de paz en décadas anteriores, el conflicto armado interno persiste.
Los actos violentos más frecuentes ocurren en departamentos como Cauca, Antioquia y Norte de Santander, donde se entrelazan la violencia de grupos armados organizados y el aumento de delincuencia común. A menudo, los ataques contra líderes sociales son perpetrados no directamente por grupos armados, sino que se observa una tercerización de la violencia, destinada a desmantelar procesos organizativos.
La lucha territorial en Colombia involucra alrededor de 300 municipios, en los que se disputan recursos como minería y cultivos de coca. Sin embargo, más allá del control sobre estos recursos, lo prioritario es el control de rutas de acceso y transporte, lo que vincula muchas de estas muertes a disputas por dichas rutas.
Así, los asesinatos de líderes no son simplemente consecuencia de enfrentamientos entre grupos armados y el Estado, sino que reflejan conflictos entre organizaciones ilegales y comunidades organizadas, en particular líderes comunitarios que son fundamentales para la cohesión social.
Las cifras indican que la mayor cantidad de asesinatos afecta a líderes comunitarios, seguidos de líderes campesinos y, en tercer lugar, líderes indígenas. Este patrón señala en qué áreas se ha concentrado la violencia en nuestro país.
En cuanto a los reincorporados, muchos de los asesinatos se deben a presiones por parte de grupos armados para que estos se integren a sus organizaciones, ya que representan un recurso valioso por su formación militar. A menudo, los nuevos grupos, como las disidencias de las FARC, carecen de liderazgo militar sólido, lo que aumenta la presión sobre los desmovilizados con más experiencia.
SA: ¿Cómo está avanzando la implementación de los PDET?
CGP: Los PDET se definieron en el Acuerdo del Colón firmado en La Habana el 24 de noviembre de 2016, abarcando 170 municipios con alta presencia de las FARC. Estos planes buscan inversiones en el territorio y deben considerarse junto a la reforma agraria y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos.
Desde su inicio, hemos visto una implementación lenta y una llegada tardía del Estado, donde las mafias a menudo restablecen su poder en los territorios. Además, tras la firma del Acuerdo de Paz, se realizó una consulta extensa que filtró las aspiraciones de la gente en planes subregionales.
El gobierno de Duque trasladó la responsabilidad de los PDET municipales a los consejos municipales, sin embargo, en su gestión la inversión fue dispersa y limitada. Sin embargo, el nuevo gobierno busca revitalizar estos planes, poniendo un foco importante en la reforma agraria y el desarrollo territorial.
A pesar de los esfuerzos, la realidad en muchos de los 170 municipios seleccionados es complicada, ya que aproximadamente 100 de ellos han visto una reconfiguración de grupos armados.
SA: Se ha hablado de negociaciones con el ELN. ¿Cómo se describe la presencia de este grupo en el país?
CGP: Actualmente, el ELN se encuentra en una contraofensiva, replegándose hacia áreas donde ha perdido presencia ante otros grupos. Ha sido desafiado en regiones como Chocó, donde ha sido desplazado y está tratando de posicionarse en la frontera con Venezuela.
El ELN tiene cierta influencia en sectores urbanos, pero ha perdido apoyo político entre la población. Aunque se les puede ver entonces como defensores de territorios, su capacidad para desestabilizar ha disminuido y hoy en día se percibe como un obstáculo para la democracia.
SA: Brevemente, ¿qué es el paro armado del ELN?
CGP: Este paro busca demostrar su presencia en un contexto de conflicto regional, aprovechando tensiones externas. Sin embargo, esta estrategia no ha generado simpatía nacional; la población ve su accionar como una amenaza. Aunque intentan manifestarse en varias localidades, su arraigo es débil y su capacidad para generar un ejército guerrillero para crear desestabilización es limitada.
SA: Finalmente, con respecto a las masacres en el periodo electoral, ¿podremos ver cifras alarmantes en 2026?
CGP: Las masacres han cambiado de lógica; muchas son producto de violencia común y retaliaciones y no de una estrategia estatal organizada. En el periodo electoral, es probable que se intensifiquen las tensiones, especialmente en zonas periféricas.
Se espera que grupos como las disidencias de las FARC intenten influir en las elecciones, pero la violencia armada directa probablemente no será suficiente para desestabilizar el proceso. Sin embargo, factores externos, como la intervención de Estados Unidos y otras mafias locales, también pueden generar inestabilidad.
La situación es compleja, pero es probable que el impacto de estos factores sea marginal en el contexto electoral.
Con información de https://www.pressenza.com/es/2025/12/asi-va-colombia-en-la-proteccion-de-los-derechos-de-los-lideres-y-lideresas-sociales/
