Mientras los políticos de Chile se enfrascan en debates sobre una acusación constitucional contra un ministro que ya dejó su cargo, omiten discutir asuntos de mayor relevancia. La política nacional está atrapada en reacciones a situaciones inmediatas, descuidando los retos más profundos que configuran la sociedad, en especial en lo que respecta a niños y adolescentes. Un tema crítico es el uso extendido de celulares y las redes sociales por parte de este grupo etario.
Este fenómeno no es meramente un asunto doméstico, sino un serio problema de salud pública y de convivencia social. Y, curiosamente, cuando la violencia social emerge, la reacción común es la sorpresa. Las compañías tecnológicas priorizan mantener a los usuarios en línea tanto como sea posible, ya que el tiempo de pantalla se traduce en la generación de ingresos y datos. Esto ha dado lugar a una economía digital fundamentada en la captura de la atención humana, vista hoy como una mercancía. Los algoritmos incentivan la excitación, el enojo y la comparación social por encima de la reflexión y el bienestar, con los jóvenes, cuyos cerebros aún están en desarrollo, como principales afectados por esta manipulación deliberada, apoyada por un lobby global contrario a la regulación.
Datos destacados indican que los jóvenes pasan un promedio de más de cuatro horas diarias en redes sociales fuera de la escuela, con un 40% durmiendo menos de ocho horas recomendadas. Esto impacta negativamente en la memoria, concentración y balance emocional, a la vez que las consultas de salud mental por ansiedad y depresión entre adolescentes se han incrementado de un 30% a 50% en los últimos diez años. Ante estas evidencias, es imperativo dejar de ignorar la situación.
A nivel internacional, algunas respuestas ya se están implementando. Finlandia ha restringido el uso de celulares en las escuelas, Australia ha establecido una edad mínima para usar redes sociales y sanciona a las plataformas que no verifican la edad de los usuarios, Japón limita el uso recreativo y fomenta el control parental, y Noruega, con sus escuelas libres de celulares, reporta un 60% menos de consultas psicológicas y mejoras académicas.
En contraste, Chile continúa centrado en disputas políticas efímeras, descuidando el crecimiento de una generación en riesgo de deterioro cognitivo y emocional. La solución no es prohibir la tecnología sino regularla prudentemente, de manera similar a la regulación del tabaco o el alcohol.
Es crucial desarrollar una política estatal enfocada en cuatro pilares: regulación escolar del uso de celulares, educación digital y emocional para familias y escuelas, verificación de edad y responsabilidad algorítmica en plataformas digitales, y un seguimiento constante de la salud mental juvenil, utilizando datos abiertos y políticas basadas en la evidencia.
Mientras Chile siga atrapado en debates superficiales, ignoraremos lo verdaderamente importante: proteger las mentes y el futuro de nuestros jóvenes. La crisis causada por el abuso de redes sociales y pantallas es urgente, y es imperativo abordarla para evitar secuelas permanentes en la próxima generación.
Con información de https://www.pressenza.com/es/2025/10/chile-prisionero-del-corto-plazo/
