El 4 de noviembre de 2025, a las 12:00, la Asociación Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad) y la Coordinadora de Barrios y Pueblos de Madrid en Defensa de la Sanidad planean interponer una denuncia en la oficina del Registro del Ministerio de Hacienda, ubicada en C/Alcalá, 9, Madrid, contra las prácticas de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por el uso indebido de contratos menores en 2020. Posteriormente, presentarán otra denuncia ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.
Durante el año en cuestión, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) otorgaron 408,133 contratos menores, sumando un total de 900 millones de euros, lo que representa el 99,5% de todos sus contratos, convirtiendo esta práctica en habitual en lugar de una excepción ocasional. A pesar de que estos contratos están diseñados para facilitar las compras eventuales y beneficiar a las pequeñas y medianas empresas, las principales compañías de farmacéuticas y tecnología médica, incluyendo gigantes como Roche, Medtronic, Novartis, Janssen, Pfizer y Johnson & Johnson, acapararon el 21,7% de los contratos y el 35,6% del valor total.
Este informe de Audita Sanidad destaca el fraccionamiento contrato, una práctica prohibida que consiste en emitir múltiples contratos menores a un mismo proveedor para un producto específico, donde la suma ameritaría una licitación pública. Esta situación se evidenció en varios hospitales importantes de Madrid.
Entre 2016 y 2020, la sanidad madrileña adjudicó 2,35 millones de contratos menores por un valor superior a los 4.000 millones de euros. Esta práctica, según estimaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), habría causado sobrecostes de aproximadamente 818 millones de euros debido a la falta de competencia, fondos que podrían haberse invertido en la creación de 82 centros de salud nuevos o la contratación de 14.600 médicos de Atención Primaria por un año.
Audita Sanidad argumenta que este manejo ineficiente y poco transparente de fondos públicos no solo viola principios básicos de transparencia y competencia, sino que también atenta contra el derecho fundamental a la salud. La asociación solicita investigaciones exhaustivas, reformas legales para facilitar la fiscalización ciudadana y asegurar la independencia de los órganos de control autonómicos. En conclusión, la denuncia de Audita Sanidad subraya el impacto negativo del abuso de los contratos menores en el sistema de salud de Madrid, priorizando intereses corporativos sobre el bienestar público y vulnerando derechos humanos esenciales.
Con información de https://www.pressenza.com/es/2025/12/audita-sanidad-vuelve-a-denunciar-el-uso-abusivo-de-contratos-menores-en-la-sanidad-madrilena/
