Hace una semana, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago emitió un inesperado fallo absolutorio en el caso SQM, tras una investigación que se prolongó por más de 11 años y un juicio que duró casi tres. Por mayoría, las juezas María Teresa Barrientos y Claudia Santos absolveron a los ocho imputados, mientras que la magistrada Carolina Paredes fue la única que votó por condenar a siete de ellos.
El veredicto causó una profunda conmoción en el Ministerio Público, especialmente porque las juezas criticaron con severidad la labor fiscal, acusándola de vulnerar el derecho de los acusados a un juicio en un plazo razonable. Este cuestionamiento se centró en la excesiva dilación del proceso, atribuida principalmente a la Fiscalía, aunque también hicieron mención al tribunal por su papel en la demora.
En un principio, la Fiscalía Nacional decidió guardar silencio, pero posteriormente, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, manifestó que existían pruebas suficientes para condenar a los acusados. Sin embargo, el fiscal nacional, Ángel Valencia, admitió recibir el veredicto con frustración y señaló que se evaluarán las responsabilidades institucionales internamente.
Valencia subrayó que la garantía de un juicio en un plazo razonable debe considerar no solo la actividad de la Fiscalía, sino también las decisiones y la gestión del tribunal, advirtiendo sobre una interpretación sesgada que podría eximir al tribunal de su responsabilidad en la duración del proceso.
Además, reveló que, a raíz de una denuncia presentada por la defensa de Marco Enríquez-Ominami, se está considerando iniciar un sumario administrativo para esclarecer posibles responsabilidades, decisión que se tomará tras escuchar a los involucrados.
La sentencia final será notificada oficialmente en agosto de 2026, dejando abierta la posibilidad de que la Fiscalía presente recursos legales, acción que hasta ahora no han descartado.
Este fallo concluye uno de los casos más emblemáticos de financiamiento ilegal en la política chilena, estableciendo un precedente sobre la duración excesiva de las investigaciones y las garantías procesales, al tiempo que genera una intensa polémica y debate sobre la administración de justicia en el país. (NP-Perplexity-La Tercera)
Con Información de www.nuevopoder.cl
