La comisión encargada de revisar la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, llevó a cabo su segundo encuentro, superando ciertos inconvenientes técnicos. Durante la sesión, los expertos en derecho Francisco Zúñiga y Javier Couso expusieron, adoptando una postura crítica respecto a las acusaciones formuladas en contra del magistrado.
No obstante, lo realmente relevante en el ámbito político es el respaldo que podría obtener esta ofensiva legislativa. A pesar de que la acusación fue promovida por los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini como parte de una campaña en contra de las influencias del abogado Luis Hermosilla en el Poder Judicial, la mayoría de la bancada de la UDI ha manifestado su disposición a apoyar el libelo.
ACUSACIÓN POR NOTABLE ABANDONO DE DEBERES
El fundamento de la acusación contra Simpertigue se basa en la causa de «notable abandono de deberes». Esto se origina después de que el Pleno de la Corte Suprema iniciara un sumario el 14 de noviembre debido a la conexión del juez con Eduardo Lagos, uno de los implicados en la investigación sobre supuestas coimas para beneficiar al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec. La presión ejercida en el caso llevó al magistrado a solicitar un período de vacaciones.
El documento, que consta de 52 páginas, está dividido en tres capítulos acusatorios:
EL PRIMERO SE REFIERA A UNA FALTA GRAVE EN EL DEBER DE PROBIDAD, ABSTENCIÓN E IMPARCIALIDAD EN EL LITIGIO ENTRE CODELCO Y BELAZ MOVITEC.
EL SEGUNDO SE CENTRA EN LA RESPONSABILIDAD POR CONFLICTOS DE INTERÉS EN NOMBRAMIENTOS NOTARIALES.
EL TERCERO APUNTA A LA FALTA DE ABSTENCIÓN, IMPARCIALIDAD Y PROBIDAD COMETIDA POR EL JUEZ EN EL CASO FUNDAMENTA.
EL CRUCE DE ALIANZAS POLÍTICAS
El líder de los diputados de la UDI, Henry Leal, declaró que, aunque no han tomado una decisión formal, la mayoría de la bancada tiene «voluntad de aprobar la acusación». Leal argumentó que la situación en la Corte Suprema es un problema «generalizado y extendido y es necesario enviar señales claras».
El diputado Marco Antonio Sulantay (UDI), miembro de la comisión revisora, fue más claro: «A priori, por lo menos, en lo personal y como postura que estoy tratando de llevar también a mi bancada, hay motivos suficientes para apoyar esta acusación». Sulantay señaló que el deber de «prescindencia no se respetó» y que se ha probado la relación del ministro con abogados involucrados, destacando la importancia de no haberse inhabilitado.
La acusación fue originalmente respaldada por diputados del Partido Socialista, Partido Comunista, Frente Amplio y Acción Humanista. (NP-Gemini-La Tercera)
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