Desde hace 25 años, la política fiscal en Chile se rige por una regla que establece que el gasto público debe basarse en un objetivo de balance estructural y en parámetros de largo plazo, como el PIB y el precio del cobre, los cuales son estimados por expertos independientes del gobierno. Esta norma busca que el gasto público anual dependa de condiciones estructurales y no de la situación cíclica de la economía.
Este marco, junto con el funcionamiento de los fondos soberanos, permite al país financiar políticas públicas sin depender de las condiciones del año en curso, ahorrar durante períodos de ingresos altos y tener una respuesta adecuada ante caídas de ingresos fiscales por impactos negativos temporales.
La efectividad de esta regla económica reside en su credibilidad, que a su vez depende de que se cumplan las metas fiscales. Aunque en los primeros años se lograron cumplir estas metas, la crisis financiera global marcó el inicio de un prolongado período de déficits fiscales crónicos y de incumplimiento. Desde entonces, la deuda pública se ha multiplicado por diez y los ahorros del Fondo de Estabilización Económico Social (FEES) están cerca de desaparecer.
Chile enfrenta la próxima crisis con un margen fiscal mucho más limitado que durante la Gran Recesión de 2008-2009 y la pandemia. El país tiene un nivel de endeudamiento significativamente mayor, carece de ahorros suficientes y presenta un exceso de gasto anual equivalente entre el 2% y el 3% del PIB, un desequilibrio insostenible que necesita ser corregido para evitar dificultades financieras.
La actual administración, siguiendo la recomendación del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), ha añadido un segundo pilar a la regla fiscal que establece un nivel prudente de deuda, fijado en el 45% del PIB. Sin embargo, este límite podría superarse en los próximos años si no se adoptan medidas para cambiar la dinámica fiscal. Algunos sugieren que la deuda pública podría ser aún mayor, pero eso conllevaría altos costos.
Por un lado, el país destina más de US$ 4.000 millones al año en intereses, fondos que no están disponibles para financiar viviendas, hospitales o escuelas. Aumentar la deuda incrementará esta presión. Por otro lado, en una futura crisis, un mayor nivel de deuda dificultará y encarecerá la respuesta fiscal.
El fortalecimiento de la regla fiscal y del CFA, aprobado por el Congreso el año pasado, es un paso positivo, pero el proceso debe continuar. No obstante, no es correcto afirmar que estos cambios son la razón de una mayor transparencia en el debate fiscal. La creación del CFA fue impulsada por el Ministerio de Hacienda durante los dos gobiernos del Presidente Piñera, y su establecimiento por ley en 2019 representa un avance significativo desde 2006 en materia de responsabilidad fiscal y transparencia.
El Gobierno destaca como un logro que el crecimiento del gasto público y la deuda han sido menores en comparación con años anteriores; sin embargo, el país no cuenta con metas de crecimiento para estos indicadores. Estos resultados son consecuencia de la aplicación de la regla de balance estructural, cuyas metas no se han cumplido en los últimos tres años. Por lo tanto, el crecimiento del gasto público debería haber sido aún menor para alinearse con la meta de balance estructural.
El balance de la política fiscal de este gobierno indica que la meta de balance estructural se incumplió en tres de los cuatro años; que se utilizaron fondos soberanos para financiar el déficit fiscal en años sin crisis; que se cometieron errores significativos en las estimaciones de ingresos fiscales, y que se perdió la oportunidad de ahorrar parte de los ingresos extraordinarios generados por los altos precios del litio durante este período.
La próxima administración heredará una situación fiscal restringida, con escasas opciones, un alto déficit fiscal y un nivel de endeudamiento muy cercano al límite prudente. La credibilidad de la meta de balance estructural ha sido afectada por diversos errores y constantes incumplimientos. Una de las tareas esenciales del próximo gobierno será restaurar la credibilidad fiscal y poner las cuentas públicas nuevamente en una senda sostenible. (El Mercurio)
Felipe Larraín Bascuñán
Director Clapes UC, profesor titular de Economía UC, exministro de Hacienda
Con Información de www.nuevopoder.cl
