Después de intensas semanas de diálogo, el Gobierno y la Mesa del Sector Público han alcanzado un acuerdo para un aumento salarial nominal del 3,4% para los servidores del Estado. Sin embargo, el acuerdo está siendo criticado por la oposición, que sostiene que incluye cláusulas destinadas a proteger a personal de confianza ante el próximo cambio de administración.
El principal desacuerdo gira en torno a la nueva regulación sobre la no renovación de funcionarios contratados en ministerios, servicios públicos, universidades estatales y municipalidades. De acuerdo con esta normativa, cualquier desvinculación tendrá que estar fundamentada mediante un acto administrativo específico, con argumentos legales y evidencias concretas. Esta disposición elimina la posibilidad de invocar la cláusula común de «necesidades del servicio», lo cual ha sido percibido por muchos como una dificultad para la gestión de la futura administración.
REACCIÓN DE LA OPOSICIÓN: «FRAUDE A LA LEY»
Desde la bancada de la UDI, el diputado Henry Leal denunció que esta medida es una «maniobra evidente» para mantener el control político dentro del sector público. En la misma línea, el diputado Frank Sauerbaum (RN) señaló que no están dispuestos a aprobar lo que llamó un «corralito», indicando que incluso se intenta asegurar la inamovilidad de miembros de los actuales gabinetes.
En un sentido similar, Agustín Romero (Partido Republicano) criticó que las normativas añadidas van más allá del objetivo de un reajuste salarial, catalogando la propuesta como un «fraude a la ley» al intentar determinar la estructura del próximo gobierno mediante disposiciones temporales.
La oposición ha anunciado que rechazará estas cláusulas durante la discusión en el Congreso, argumentando que el Estado debe ser administrado con imparcialidad por quienes resulten elegidos democráticamente, sin que la gestión pública esté condicionada a los intereses de la coalición saliente.
REPUBLICANOS ALERTAN AL GOBIERNO
La tensión política ha aumentado tras el anuncio del artículo 14 del proyecto de reajuste al sector público, el cual establece restricciones a las desvinculaciones de personal contratado. El Partido Republicano, liderado por Arturo Squella, advirtió que la aprobación de esta medida «dinamitaría» la relación con el Gobierno, acusando un intento de «amarre» administrativo a pocos meses del cambio de mando.
La polémica norma estipula que la no renovación de contratos en subsecretarías y servicios públicos debe realizarse a través de un acto administrativo fundado. Esto obliga a la administración a presentar hechos y argumentación legal específicos, eliminando la posibilidad de invocar la noción general de «necesidades del servicio» sin respaldo fáctico. Para la oposición, esto constituye un escudo que protege a funcionarios alineados con la actual administración.
Arturo Squella, presidente de Republicanos, expresó su preocupación, advirtiendo que esta situación es «delicada» y vulnera principios de colaboración entre administraciones. Según el líder, si el Gobierno continúa acelerando nombramientos o protegiendo cargos que deberían pertenecer a la próxima gestión, se crearía un entorno conflictivo que podría afectar la gobernabilidad futura.
CRÍTICAS AL GASTO FISCAL Y BRECHA SALARIAL
Más allá de los «amarres» administrativos, el Partido Republicano ha cuestionado la equidad del reajuste en el actual contexto económico:
Déficit fiscal: Alertan sobre el impacto negativo en las finanzas públicas en un momento de elevada fragilidad económica.
Desigualdad con el sector privado: Squella enfatizó que los salarios del sector público ya son el doble, en promedio, de los de los trabajadores en las PYMES.
Prioridades del Estado: Consideró «difícil de justificar» destinar recursos a aumentar los salarios de quienes ya ganan más que el resto de los chilenos, mientras miles de familias enfrentan el desempleo. (NP-Gemini-Emol)
Con Información de www.nuevopoder.cl
