La discusión sobre el reajuste salarial en el sector público ha quedado relegada tras la polémica por una norma que complica las condiciones para despedir a trabajadores a contrata. De acuerdo con un estudio del centro de investigaciones Horizontal, esta medida afectaría a 32.767 funcionarios que se incorporaron durante la actual gestión. La oposición describe la iniciativa como «inmoral» y un intento de resguardar a «activistas políticos», mientras que el oficialismo argumenta que busca garantizar condiciones laborales mínimas para los profesionales de la salud y la educación, en línea con el principio de confianza legítima.
AMENAZA DE BLOQUEO LEGISLATIVO
La respuesta desde Chile Vamos y el Partido Republicano ha sido contundente. El diputado Frank Sauerbaum (RN) advirtió que insistir con esta norma podría «enrarecer» y perjudicar otras negociaciones importantes que aún están en el Congreso, como el Financiamiento de la Educación Superior (FES), el proyecto de Gendarmería y la ley de sala cuna universal. Felipe Donoso (UDI) acusó al Presidente Boric de no cumplir su promesa electoral de erradicar los “pitutos”, argumentando que se intenta mantener a miles de funcionarios del Frente Amplio en sus puestos.
ARGUMENTOS Y MATICES EN EL DEBATE
La defensa del PC: El diputado Boris Barrera (PC) contestó las cifras, afirmando que el 90% de los beneficiados provienen de áreas críticas como salud, educación y gobiernos regionales. Denunció que la estrategia de la derecha es un «libreto conocido» para sembrar desconfianza.
El factor administrativo: Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) aclararon que la norma no impide los despidos, sino que requiere que estos sean actos administrativos «fundados» y comunicados con al menos 30 días de antelación, alineándose con los nuevos criterios de la Contraloría.
Crítica al «Bolsillo de Payaso»: El diputado Carlos Bianchi cuestionó el uso de leyes de reajuste para incluir normativas ajenas al tema principal, aunque pidió no inferir que todos los nuevos contratados son operadores políticos, y subrayó la importancia de profesionalizar el Estado.
LA ESTRATEGIA DE LA MONEDA
El Gobierno ahora tiene el reto de aprobar el reajuste antes de que termine el año sin comprometer su agenda legislativa. La desconfianza de la oposición se centra en que las exigencias de «fundamentar» los despidos obstaculicen la instalación de los equipos de confianza de José Antonio Kast a partir de marzo. Por su parte, desde el Socialismo Democrático se pide calma y se espera el texto definitivo del Ejecutivo, resaltando que lo que se busca es reafirmar derechos que, según ellos, ya están presentes en la jurisprudencia administrativa chilena. (NP-Gemini-Emol)
Con Información de www.nuevopoder.cl
