En distintas partes del mundo, los sistemas universitarios se enfrentan a serios desafíos. A pesar de las crecientes exigencias, los recursos han ido disminuyendo en los últimos años, principalmente porque los aportes estatales y los aranceles, en aquellos lugares donde están regulados, se han mantenido congelados durante un extenso período. Las razones son similares en muchos contextos.
Un claro ejemplo se observa en Europa, donde las finanzas públicas se encuentran debilitadas y hay presión para redistribuir recursos hacia áreas como la Defensa.
Por ejemplo, el sistema universitario en el Reino Unido, reconocido a nivel mundial, atraviesa una pequeña crisis. Este será el cuarto año fiscal consecutivo en el que los ingresos del sistema universitario decrecerán. La matrícula de estudiantes internacionales, crucial para mitigar el impacto de esta situación, no fue tan alta como se esperaba.
Una vez más, se vislumbran recortes en personal administrativo y académico, así como la venta de activos. Muchas voces advierten sobre las posibles repercusiones de estas acciones en este importante sistema universitario. Estas lecciones deberían ser consideradas en el Senado, donde la próxima semana se debatirá el proyecto FES, el nuevo sistema de financiamiento estudiantil para aquellos que no acceden a la educación superior gratuita.
A pesar de varios elementos positivos, algunas disposiciones podrían perjudicar el desarrollo del sistema de educación superior. Entre ellas, la prohibición a las instituciones que se adhieran a este sistema de cobrar copago a sus estudiantes, salvo a aquellos del 10% con mayores ingresos, incluso si el aporte estatal máximo es inferior a los aranceles establecidos por la institución.
Esta decisión parece arbitraria, ya que el Ejecutivo no cuenta con información que justifique que los aranceles definidos son excesivos o anómalos. De hecho, según el último Panorama de la Educación de la OCDE, el gasto operativo por estudiante en educación superior en nuestro país es uno de los más bajos entre sus miembros: 11,640 dólares (ajustados por paridad del poder adquisitivo), un 46% inferior al promedio de la OCDE.
Si bien nuestro país es menos próspero que el promedio de la OCDE, no hay motivos para considerar que nuestra inversión en educación superior deba ser notablemente inferior. En contraste, en Costa Rica, con un sistema de educación superior menos competitivo que el nuestro, el gasto operativo asciende a 18,400 dólares.
Además, las universidades Católica y de Chile, nuestras instituciones más destacadas, tienen un gasto operativo por estudiante que es la mitad del de la Universidad de São Paulo, con la que compiten por el liderazgo en América Latina. Por ello, no existe justificación para esta decisión tan discrecional.
La aprobación de este proyecto podría poner en peligro el desarrollo del sistema. Nuestra situación fiscal es frágil y el Estado ha sido incapaz de obtener recursos adicionales en las últimas décadas, distintos de la gratuidad (que solo reemplaza aportes previamente privados), para el sistema de educación superior. Es poco probable que esto cambie en un futuro cercano, especialmente considerando que nuestra carga tributaria es significativamente más baja que la del promedio de la OCDE y del Reino Unido, y que las posibilidades de un aumento considerable son escasas.
Los aranceles (y copagos) en nuestro país han servido como una forma de enfrentar esta realidad. Si se cierra esa vía, se compromete el desarrollo del sistema de educación superior.
Para el próximo año, el Gobierno ha decidido congelar nominalmente los aranceles de referencia (ver página 129 del Informe de Finanzas Públicas Tercer Trimestre 2025) para controlar el gasto público. Estos aranceles determinan el máximo de las ayudas estudiantiles que el Estado actualmente ofrece en la educación terciaria. Esta medida es razonable, ya que permite el copago y, por ende, las instituciones pueden defender sus ingresos. Sin embargo, si el proyecto de ley se aprueba sin la opción de copago, el escenario futuro para las instituciones de educación superior se volverá mucho más riesgoso.
La tentación del fisco de congelar los aranceles regulados será fuerte. La prudencia y la falta de justificación sólida para seguir esa dirección sugieren la necesidad de abandonar esta idea.
Harald Beyer
Escuela de Gobierno, UC
Con Información de www.nuevopoder.cl
