La iniciativa de reducir o eliminar las multas por impago de peajes en carreteras concesionadas suscita preocupaciones importantes. Aunque a simple vista parece inofensiva, sus repercusiones pueden ser profundas y perjudiciales para la estabilidad del sistema de concesiones y la financiación de la infraestructura en Chile. No es solo un cambio legal; es una alteración significativa de un mecanismo clave del modelo.
En primer lugar, esta medida afectaría la predisposición de los usuarios a pagar y aumentaría considerablemente el riesgo para los inversores. La experiencia internacional muestra que, al desaparecer los incentivos para cumplir, la morosidad aumenta y las proyecciones de ingresos se vuelven inciertas. No es casualidad que se haya establecido un sistema de multas durante la tramitación de la ley de concesiones, precisamente para fomentar el pago puntual y asegurar la viabilidad económica de los proyectos. Este diseño fue el resultado de un análisis profundo sobre la importancia de garantizar la operación continua de las carreteras y de proteger los flujos que permiten financiar su construcción y mantenimiento. Debilitar este mecanismo es ignorar su propósito y perturbar un equilibrio que ha funcionado durante décadas.
En segundo lugar, aunque no se puede afirmar con certeza que esta modificación disminuirá el interés en futuras licitaciones, es evidente que aumentar el riesgo obliga a los oferentes a reflejarlo en sus propuestas. Cuando el riesgo se incrementa, las ofertas tienden a elevarse para compensarlo. Este mayor costo se transfiere a los propios usuarios, especialmente aquellos que cumplen con el pago de tarifas. La consecuencia es paradójica: una medida que busca aparentemente aliviar la carga para ciertos usuarios podría encarecer el sistema para todos. En la práctica, una mayor incertidumbre regulatoria se traduce en incrementos de los costos financieros y operacionales.
Finalmente, aunque no está claro si la reforma avanzará, sería preferible que no lo hiciera. Un cambio de esta naturaleza pone en riesgo la credibilidad del país en términos de seguridad jurídica, un pilar fundamental del sistema de concesiones y un factor clave para atraer inversiones a largo plazo. La estabilidad regulatoria es uno de los activos más apreciados por los inversores internacionales, y socavarla sin un análisis técnico riguroso puede llevar a efectos reputacionales difíciles de revertir. Chile ha edificado durante décadas una institucionalidad sólida en materia de infraestructura; no puede comprometerla con modificaciones improvisadas.
El sistema de concesiones requiere ajustes bien fundamentados y responsables, no intervenciones que comprometan su estabilidad. La calidad de nuestra infraestructura futura dependerá de la seriedad con que cuidemos las reglas actuales. (La Tercera)
Loreto Silva
Abogada y exministra de Obras Públicas
Con Información de www.nuevopoder.cl
