La administración de Gabriel Boric se encuentra en una etapa crítica, enfrentando una posible paralización en el Congreso. Diferentes bancadas de oposición, desde Renovación Nacional hasta el Partido Republicano, han expresado que la persistencia del Gobierno en una norma que limita el despido de funcionarios a contrata «rompe la confianza» necesaria para trabajar en enero. Esto pone en peligro importantes proyectos que el Ejecutivo esperaba aprobar antes del receso legislativo en febrero y del cambio de mando en marzo.
PROYECTOS EN PELIGRO DE BLOQUEO
El líder de la bancada de RN, Frank Sauerbaum, afirmó que el Gobierno debe considerar las repercusiones de su «criterio objetivo» si desea avanzar con los proyectos legislativos pendientes. Entre las iniciativas que podrían quedar paralizadas se encuentran:
Proyecto FES: Un nuevo sistema de Financiamiento de la Educación Superior.
Sala Cuna Universal: Una de las demandas sociales más esperadas.
Ley de Gendarmería: Modificaciones a la estructura de la institución penitenciaria.
Agenda de Seguridad: Otros proyectos menores que requieren consenso amplio.
CRÍTICAS A LA TRANSICIÓN REPUBLICANA
Marlene Pérez, subjefa de la bancada UDI, criticó al Presidente Boric por «manchar» la transición hacia la administración de José Antonio Kast. Según Pérez, el intento de «amarrar» a funcionarios, junto con la eliminación de la llamada «glosa republicana» en el presupuesto, compromete un cambio de gobierno que ha sido históricamente responsable y transparente en Chile.
VOCES DEL CONGRESO
Catalina del Real (Republicanos): Afirmó que el Gobierno corre el riesgo de concluir su mandato en conflictos innecesarios por intentar «entorpecer al futuro gobierno».
Marcia Raphael (RN): Expresó que el Ejecutivo parece más interesado en «pavimentar su camino como oposición» a partir de marzo que en generar beneficios para el país en esta etapa final.
Roberto Arroyo (PSC): Consideró la medida como «autoritario» y acusó falta de capacidad para manejar la agenda parlamentaria a través del diálogo.
Enero de 2026 se anticipa como un periodo de alta tensión política, donde la capacidad de negociación del ministro Álvaro Elizalde se verá puesta a prueba para evitar que el legado legislativo del Frente Amplio quede bloqueado por la controversia en los nombramientos estatales.
GRAU CITA A ASESORES DE OPOSICIÓN
Para facilitar la tramitación, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, ha convocado a una reunión telemática para el lunes 29 de diciembre a las 17:00 horas. El propósito del encuentro es presentar el contenido de la Ley de Reajuste del Sector Público a los asesores y jefes de bancada de la oposición (desde el Partido Republicano hasta RN), antes de que el proyecto ingrese oficialmente al Congreso el próximo 5 de enero. La estrategia es presentar el sentido de las normas —que se elevan a más de 100— sin revelar aún el texto específico, buscando anticipar diferencias y resolver dudas sobre los temas más polémicos.
LOS PUNTOS DE INFLEXIÓN EN EL DEBATE
La oposición ha confirmado su participación, aunque con precaución. Mientras el diputado Agustín Romero (Republicano) enviará asesores para asegurar el «buen uso de los recursos públicos», otros como Felipe Donoso (UDI) participarán directamente, advirtiendo que no es posible emitir una opinión concluyente sin el texto final disponible.
LOS FOCOS DE CONFLICTO: ESTABILIDAD Y FINANCIAMIENTO
Dos temas dominan la preocupación legislativa y serán el centro de la discusión técnica el lunes:
Exigencia de Despidos Fundados: El protocolo con los funcionarios públicos establece que la no renovación de contratas en subsecretarías, municipalidades y universidades estatales debe hacerse mediante un «acto administrativo fundado con criterios objetivos». Esto elimina el uso de la mera «necesidad del servicio» como argumento, lo que la oposición interpreta como una protección para el personal actual ante la futura administración Kast.
Derecho a Reclamo en Contraloría: Se propone que funcionarios con al menos dos años de servicio puedan reclamar ante la Contraloría sobre vicios de legalidad si no son renovados, endureciendo los estándares de estabilidad laboral.
El «Déficit» del Reajuste: El diputado Frank Sauerbaum (RN) ha llamado la atención sobre el costo de la medida. Según sus cálculos, el Gobierno solo ha provisionado US$600 millones, mientras que el costo real ascendería a US$1.500 millones. Aclarar de dónde provendrán los US$900 millones restantes es una prioridad para la derecha.
REGULACIÓN DE CARGOS DE CONFIANZA
La ley también incluirá regulaciones sobre el cese y remuneración del personal de gabinete y asesores directos de ministros y subsecretarios. Aunque el Gobierno argumenta que esto busca transparencia, la oposición aún tiene dudas sobre si estas reglas temporales facilitarán o complicarán la instalación de las nuevas autoridades el 11 de marzo. El resultado de la reunión del lunes decidirá si los parlamentarios aceptan participar en negociaciones formales el martes o si la ley de reajuste enfrentará un rechazo al ingresar a la Cámara. (NP-Gemini-Emol-La Tercera)
Con Información de www.nuevopoder.cl
