La expropiación de terrenos ocupados en San Antonio, emprendida por el Gobierno para abordar la crisis de la megatoma, ha generado nuevas controversias. Este viernes se anunció que los $11.000 millones destinados a indemnizar a los propietarios provienen de fondos del Serviu de diversas regiones que no se habían utilizado. Estos montos estaban principalmente asignados a proyectos de vivienda.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, comentó que estos fondos «se obtienen del presupuesto de este año… y estaban reservados para eventuales necesidades».
CRÍTICAS Y DEVOLUCIÓN DE RECURSOS
Andrés Palma, jefe del Departamento de Asentamientos Precarios del Minvu, explicó que, hasta 2024, los Serviu podían manejar estos recursos en un periodo más amplio. No obstante, el presupuesto actual imposibilita gastar los fondos durante más de un año.
Palma indicó que varios Serviu comenzaron a devolver los fondos al darse cuenta de que no podrían utilizarlos antes del 31 de diciembre. Esto ocurrió con terrenos en Coyhaique ($4 mil millones), Castro ($3 mil millones) y en regiones como Los Ríos, La Araucanía y Ñuble.
Esta situación suscitó críticas en el Parlamento. El diputado Miguel Ángel Calisto (Ind.) consideró «inaceptable» que el Minvu de Aysén devolviera dinero mientras hay proyectos de vivienda en espera de financiamiento para la compra de terrenos.
El diputado Alejandro Bernales (PL), de Castro, expresó que es «vergonzoso» que recursos de su región se destinen a solucionar problemas en otras. Consideró que es una «burla» que el dinero que podría haberse invertido en Ancud se use en San Antonio.
El diputado Héctor Ulloa (PPD) apoyó la expropiación, pero cuestionó el uso de fondos de Vivienda que deberían beneficiar a miles de familias del sur, solicitando al Gobierno que aclare esta decisión.
IMPACTO EN METAS HABITACIONALES
Senadores de la UDI pidieron al Gobierno que aclare la reasignación de recursos para vivienda y solicitan un informe del Ministerio sobre el impacto en las metas habitacionales de las regiones afectadas.
El senador David Sandoval, miembro de la Comisión de Vivienda, señaló que es «inquietante» que los fondos provengan de iniciativas que no han comenzado obras en las regiones y advirtió que estos recursos se utilizarán para resolver un conflicto originado por una ocupación ilegal.
El senador Gustavo Sanhueza enfatizó que la medida perjudica a regiones que han cumplido sus metas habitacionales, señalando que es incomprensible que una región como Ñuble, que ha avanzado, sea penalizada por fallos y retrasos atribuibles al Gobierno.
El senador Iván Moreira, de Los Lagos, criticó la manera en que el nivel central está gestionando el déficit habitacional en el sur, afirmando que «la falta de gestión del Gobierno se traduce en un costo para la gente de nuestras regiones». (NP-Gemini-La Tercera)
Con Información de www.nuevopoder.cl
