La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha presentado un informe preliminar como parte de su noveno Estudio de Mercado, que se centra en la educación superior de pregrado en Chile desde 2007 hasta 2023. Este análisis abarcó 126 universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, y ha identificado varias barreras que obstaculizan la libre competencia y la capacidad de los estudiantes para tomar decisiones informadas.
La FNE señala tres problemas principales: dificultades en las decisiones de los postulantes, la falta de información relevante y barreras regulatorias que restringen la competencia entre las instituciones educativas. Estas condiciones resultan en que la elección de carrera no asegure necesariamente una mejor inserción laboral o ingresos más altos en el futuro.
Un hallazgo notable revela que el 35% de las carreras ofrecidas en el país tienen un retorno económico negativo, cifra que ha aumentado a cerca del 40% en 2023. Además, dos de cada cinco personas reconoce que su trabajo está poco relacionado con su formación, y la mitad se siente sobrecalificada para lo que hace.
La FNE también observó una notable desigualdad en la calidad educativa entre diferentes instituciones, tanto en el sistema universitario como en la educación técnico-profesional. Una de las críticas que subraya el informe es que las instituciones que cobran más en relación a sus costos no son necesariamente las que ofrecen mejores servicios.
El informe también examina las brechas de género en los retornos económicos de las carreras: las mujeres tienden a elegir programas que ofrecen menor rentabilidad promedio que los hombres, lo que podría contribuir a la desigualdad salarial en el mercado laboral.
En lo que respecta a la información disponible para los estudiantes, la FNE denunció que la información es insuficiente para facilitar decisiones informadas, ya que las instituciones no proporcionan datos suficientes sobre empleabilidad, ingresos ni tasas de deserción. Esto lleva a que los jóvenes realicen elecciones inadecuadas, aprovechando poco los recursos informativos existentes.
Las barreras regulatorias limitan también la competencia, especialmente en universidades estatales que operan bajo marcos administrativos rígidos. La FNE recomendó una revisión del sistema de asignación del Aporte Fiscal Directo (AFD), que actualmente se distribuye según criterios históricos.
Un problema adicional identificado es la excesiva fragmentación de la oferta académica: existen más de 5.000 programas similares presentados con nombres diferentes, lo que dificulta a los postulantes elegir adecuadamente una carrera.
Para mejorar esta situación, la FNE ha propuesto nueve recomendaciones destinadas a fortalecer la información y orientación vocacional, así como a reformar regulaciones para fomentar la competencia y beneficiar a estudiantes, familias y al Estado.
Entre las propuestas se incluyen mejorar la orientación vocacional desde la educación media, capacitar a los docentes en el uso de herramientas informativas y crear un sistema personalizado que integre tests vocacionales con datos económicos y de empleabilidad.
Asimismo, se sugirió implementar una plataforma digital centralizada, establecer un hito informativo obligatorio antes de la postulación y aumentar la transparencia en indicadores clave como la satisfacción estudiantil y el valor económico agregado.
En términos de normativa, se recomendó perfeccionar el régimen de derecho público para universidades estatales, actualizar las definiciones legales de títulos y grados, y facilitar la movilidad estudiantil entre diversas instituciones.
Con respecto al financiamiento, se planteó reemplazar el actual esquema de asignación del AFD por criterios objetivos que consideren el desempeño y la equidad.
La FNE estima que, si se lograra reducir en un 10% la deserción estudiantil y la elección de carreras con bajo retorno, los beneficios anuales para familias y el Estado podrían alcanzar los US$852 millones, equivalentes al 13% de los ingresos del sistema.
En 2023, la educación superior en Chile movilizó aproximadamente US$6.800 millones, con 1.277.000 estudiantes matriculados: 55% en universidades, 33% en institutos profesionales y 12% en centros de formación técnica.
Los aranceles promedio alcanzan los $4,2 millones anuales en universidades y $2,4 millones en institutos y CFT, lo que subraya la necesidad de optimizar tanto el gasto como la calidad para promover un mejor desarrollo social y económico. (NP-Perplexity-Emol)
Con Información de www.nuevopoder.cl
