Las principales asociaciones empresariales de Chile han emitido una alerta intergremial respecto a la forma en que el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), encabezado por Maisa Rojas, está desarrollando los reglamentos de la Ley que instituyó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Los dirigentes de la CPC, Sonami, CChC, SalmonChile, Corma, Sonapesca y otros gremios expresaron su «gran preocupación», advirtiendo que este proceso podría frenar la actividad económica del país.
El corazón de la controversia radica en la definición, mediante decreto, de 99 polígonos o «sitios prioritarios» que el MMA busca proteger formalmente. Esta figura, derivada de la Ley 21.600 (SBAP) de 2023, tiene como objetivo resguardar la biodiversidad en aproximadamente 4 millones de hectáreas.
El sector privado argumenta que la ambigüedad de la ley ha permitido al Ministerio establecer criterios metodológicos que limitan ciertas actividades productivas —como la extracción de tierra, la destrucción de nidos o la recolección de especies nativas— sin contar con un marco reglamentario claro y consensuado.
EXPROPIACIÓN REGULATORIA
El presidente de Sonami, Jorge Riesco, en calidad de portavoz de la declaración conjunta, utilizó una expresión contundente: «Nos enfrentamos a una posible expropiación regulatoria». Explicó que esta figura ocurre cuando se prohíbe al propietario ejercer los derechos fundamentales de su propiedad sin recibir compensación económica por parte del Estado.
En concordancia, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, alertó que la medida aplicada «a través de decretos exentos» podría provocar un «congelamiento de la actividad productiva» en áreas de propiedad privada con proyectos de inversión en minería, construcción y salmonicultura.
PETICIONES
Los gremios, que representan a los sectores más afectados, reconocieron la importancia de la Ley SBAP, pero solicitaron al Gobierno que actúe con precaución. Sus demandas específicas son:
Extender el plazo de la consulta pública, argumentando que «10 días hábiles adicionales no son suficientes» para llevar a cabo un análisis técnico exhaustivo del listado de los 99 sitios prioritarios.
Establecer mesas de trabajo multisectoriales que incluyan a todos los sectores productivos afectados para compartir el proceso.
Asegurar el respeto a los derechos adquiridos y las actividades económicas preexistentes.
Considerar el impacto económico y social de estas decisiones en la reactivación económica del país.
BARRERAS ADICIONALES A LA INVERSIÓN
El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, sumó su preocupación al recordar que la economía ya se encuentra estancada debido a la cantidad de proyectos detenidos por razones ambientales. En su opinión, la falta de claridad en los reglamentos del SBAP representa una «barrera adicional» que ahuyenta las inversiones y plantea un «serio problema para el crecimiento».
Asimismo, el presidente de SalmonChile, Arturo Clément, subrayó la necesidad de lograr un equilibrio que proteja la biodiversidad sin «sacrificar sectores estratégicos» ni frenar las aspiraciones económicas de los habitantes del sur de Chile. La inquietud del empresariado resides en sentirse «excluidos de un tema» que, según Riesco, ha sido «monopolizado por un sector» de las autoridades. (NP-Gemini-Emol)
Con Información de www.nuevopoder.cl
