Durante mucho tiempo he enviado cartas a su diario sobre asuntos de interés público. En esta ocasión, me permito escribir sobre un tema que me concierne directamente, pido disculpas de antemano a los lectores.
En 2003 se desató el caso Inverlink, donde varios integrantes de ese conglomerado se coludieron con empleados de la Corfo, apropiándose de fondos de la entidad.
En enero de 2006, Corfo demandó a varias empresas e instituciones por supuestamente haberse beneficiado del «dolo ajeno» al recuperar sus fondos de Inverlink. Entre las demandadas estaba Inversiones Santa Cecilia Limitada, RUT: 78.108.610-k, una sociedad creada únicamente por mi esposa y por mí, la cual nunca tuvo operaciones con Inverlink. Además, esta sociedad llevaba más de tres años inactiva, según lo verificable en el SII, y legalmente dejó de existir hace años.
Por supuesto, tuve que contratar abogados para responder a la demanda (esto ocurrió hace más de 19 años). Solicité auditorías a PWC y pedí al tribunal que designara a un perito judicial. Abrí los libros y cuentas bancarias de la sociedad tanto a la empresa auditora como a la perito judicial, señora Marta Araya Saldívar. Ambos emitieron informes tras una exhaustiva revisión, concluyendo que Inversiones Santa Cecilia Ltda. nunca había operado ni tenido relación de ningún tipo con Inverlink ni con sus sociedades relacionadas o filiales, ni con ningún individuo asociado a ellos.
Hasta ese momento, pensé que se trataba de un mero trámite, pero vino otra sorpresa. El perito designado por Corfo, sin revisar la documentación de la empresa y basándose en un análisis superficial, emitió un informe al juzgado afirmando que la sociedad había operado y retirado más de $5 mil millones de Inverlink Corredores de Bolsa, lo cual era completamente falso.
Dado que había múltiples empresas e instituciones demandadas, los casos se acumularon, y tras más de nueve años, en 2015 se condenó en primera instancia a las demandadas a devolver a Corfo el dinero supuestamente retirado. En esa lista, se encontraba la sociedad que nunca había operado con Inverlink, por lo que no pudo haber retirado ningún monto.
Apelamos a la Corte de Apelaciones, que tras diez años más de juicio, sentenció esta semana que “se revoca la condena de primera instancia respecto a Inversiones Santa Cecilia Ltda. y otros demandados”.
Exijo una respuesta.
He tenido que sobrellevar durante más de 19 años (y seis gobiernos) la incertidumbre de un proceso judicial irregular. He rechazado ofertas para unirme a directorios de empresas reconocidas, ya que no me pareció correcto hacerlo con un juicio pendiente contra el Estado, y así lo informé a quienes me hicieron esas propuestas.
Me pregunto si es justo que alguien sea demandado en un juicio por hechos en los que no participó y lo ha demostrado desde el principio. Además, me pregunto si es aceptable que el Estado (Corfo) contrate abogados para prolongar injustamente un juicio durante 19 años. Finalmente, pienso que la lentitud de la justicia no es justicia. El daño que me han causado ha sido inmenso.
La decisión final recae en el Poder Judicial, especialmente considerando que Corfo y sus abogados pueden recurrir a la Corte Suprema.
Mantengo la esperanza de que pronto asuma una nueva presidenta del órgano superior, quien ha demostrado un firme compromiso con la ley y una integridad ante todo. Chile lo necesita.
José Yuraszeck T
Con Información de www.nuevopoder.cl
