El Ministerio de Relaciones Exteriores ha puesto fin a uno de los episodios más conflictivos de la diplomacia chilena en tiempos recientes. El Canciller Alberto Van Klaveren confirmó las sanciones impuestas a altos funcionarios de la Embajada en Argentina después de identificar una «falta de control generalizado» en la gestión de fondos públicos. La investigación, que comenzó durante la administración de Bárbara Figueroa (PC), reveló una red que explotaba la disparidad cambiaria en el país vecino.
El informe sumarial describe prácticas que se consideran «totalmente irregulares» para una misión diplomática. El mecanismo operaba de la siguiente manera:
Pagos en efectivo: La embajada entregaba dólares en efectivo a proveedores alegando que no aceptaban transferencias bancarias.
Arbitraje cambiario: Los proveedores convertían esos dólares en el mercado informal (dólar blue), logrando obtener hasta el doble de pesos argentinos en comparación con el mercado oficial.
Facturación irregular: Se aceptaban facturas confeccionadas a mano, sin la validación de la AFIP (administración tributaria argentina), lo que dificultaba la verificación de la legalidad de los servicios prestados.
Compras discrecionales: El excedente de pesos generado por el cambio en el mercado informal se usaba para compras no relacionadas con el servicio original, fijando precios a discreción entre funcionarios y proveedores.
SANCIONES E IMPLICADOS
El Ministerio impuso medidas disciplinarias a tres figuras clave por negligencia en la supervisión:
Alberto Rodríguez: Exjefe de cancillería en Argentina y actual embajador en Marruecos. Recibió una anotación de demérito y una multa del 10% de su salario.
Álvaro Arévalo: Exjefe administrativo, sancionado con anotación de demérito y multa del 5% por no supervisar al equipo contable.
Patricia Águila: Asesora de gestión, fue sancionada con censura y anotación de demérito por fallas en la adquisición de bienes.
El sumario también revela situaciones sorprendentes. El encargado de eventos, Rodrigo Contreras, hacía compras personalmente en supermercados como Jumbo o Carrefour, a pesar de haber pagado a proveedores para ese propósito, y acumulaba los puntos de fidelidad para su beneficio. Además, personal no autorizado tenía acceso a las claves bancarias (digipass) para realizar transferencias.
CRISIS DE CONVIVENCIA Y ACOSO
Lo que comenzó como un error administrativo debido a un vídeo con errores ortográficos en un homenaje al poeta Gonzalo Rojas, se transformó en una contienda interna. La situación se agravó hasta que, en mayo de 2025, un grupo de aproximadamente 20 funcionarios solicitó la intervención del Canciller por el «mal clima laboral».
Actualmente, la primera secretaria Catalina Barceló mantiene denuncias de acoso contra 12 personas, incluido el actual embajador José Antonio Viera-Gallo, lo que ha dejado la sede diplomática en un estado de parálisis administrativa y tensión jurídica. (NP-Gemini-Ex Ante)
Con Información de www.nuevopoder.cl
