El gobierno del Presidente Boric está trabajando en la modificación del financiamiento de la educación superior a través de un proyecto de ley conocido como FES, que se discute actualmente en el Senado. Durante su discusión, varios analistas han cuestionado cómo el FES, que sustituiría al CAE (Crédito con Aval del Estado), calculaba los recursos estatales destinados al pago de las carreras que cursarán los estudiantes beneficiados con este financiamiento. En el proyecto, el Ejecutivo clasifica estos recursos como inversión o activo en sus proyecciones, lo que, según estimaciones de Acción Educar, hace que se oculten costos de alrededor de mil millones de dólares en el informe financiero. El Consejo Fiscal Autónomo ya había alertado sobre esta presentación, indicando que si se consideraba activo financiero, debían definirse criterios para su valorización, lo que refleja incertidumbres sobre sus flujos futuros. ¿Cuánto terminarían pagando los alumnos? Se debería establecer una tasa de recuperación estimada, ya que si esta es inferior al 100%, sería necesario registrar “sobre la línea” un componente de subsidio que refleje el aumento del gasto fiscal.
Afortunadamente, la Contraloría General de la República ha emitido un dictamen esta semana que aclara que los recursos proporcionados por el FES no cumplen con los requisitos para ser considerados activos, ya que no se trata de un derecho adquirido. De esta forma, la Contraloría ha validado las críticas del Consejo Fiscal Autónomo, Acción Educar, Libertad y Desarrollo, y otras organizaciones que consideraban que el gobierno estaba minimizando el costo del proyecto.
El diputado Manuel Mellado, quien solicitó la revisión a la Contraloría, subraya que desde el inicio se objetó esta presentación, que evitaba reflejar esta obligación en el presupuesto.
Lamentablemente, es una práctica común en el gobierno de Boric presentar proyectos que ocultan la verdadera magnitud de los recursos fiscales comprometidos, utilizando lo que se ha denominado contabilidad creativa. Este tipo de ocultamiento de deudas es similar al famoso caso de Enron, una empresa energética que colapsó en Estados Unidos, donde sus ejecutivos ocultaron miles de millones de dólares en deudas, llevándolos a prisión.
Chile también vivió su propio caso de Enron con La Polar, donde la administración encubrió millones de dólares en deudas incobrables a través de prácticas contables fraudulentas, lo que llevó a varios de sus ejecutivos a la cárcel.
Sin embargo, parece que la contabilidad creativa en el sector público no enfrenta las mismas consecuencias que en el ámbito privado, y podría incluso traducirse en votos. Esto podría aplicarse a un proyecto que minimiza el costo que asumen los chilenos para financiar matrículas universitarias o a uno que oculta la deuda fiscal generada por los préstamos al fisco que realizan los trabajadores afiliados al sistema de pensiones para cubrir las jubilaciones actuales, sin contabilizarlo adecuadamente.
Es necesario que instituciones que desempeñan su rol, como la Contraloría General de la República y el Consejo Fiscal Autónomo, comiencen a erradicar esta contabilidad creativa fiscal. (El Líbero)
Luis Larraín
Con Información de www.nuevopoder.cl
