La reciente decisión del Gobierno de transformar el penal de Punta Peuco en una cárcel común ha recibido un notable respaldo ciudadano, según revela la última encuesta Plaza Pública de Cadem, realizada en la primera semana de noviembre. El anuncio, hecho por el Presidente Gabriel Boric el 3 de noviembre, fue conocido por un 76% de los participantes del sondeo.
El estudio destaca que un contundente 69% de los encuestados se mostró a favor de la medida, que elimina el carácter especial del establecimiento penitenciario donde se encuentran exmilitares condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
La encuesta de Cadem también aborda la percepción sobre el cumplimiento de penas en casos de crímenes de lesa humanidad. Un 63% de los entrevistados considera que aquellos condenados por estos delitos no deben tener acceso a beneficios carcelarios y deben cumplir sus penas en prisión, independientemente de su edad o salud. Solo un 34% opina que estos reos deberían poder cumplir sus condenas en sus hogares.
La divulgación del estudio se produce poco después de que el Presidente Gabriel Boric anunciara que la Contraloría ha respaldado el decreto que revoca el carácter especial del penal, ubicado en La Comuna de Tiltil. Desde La Moneda, el Mandatario declaró que «Punta Peuco deja de ser un penal especial para los perpetradores de la dictadura civil y militar que afectó a Chile», subrayando que «a partir de hoy en Chile no hay presos de primera ni segunda categoría».
Boric también indicó que el recinto estará a disposición del sistema penitenciario común y que se integrará en el plan de ampliación de la capacidad carcelaria del Ejecutivo. Además, anunció que ya se están llevando a cabo trabajos de adecuación, que incluyen un nuevo espacio para visitas, oficinas técnicas y sistemas de vigilancia, permitiendo la recepción de nuevos internos a principios de 2026.
No obstante, el anuncio ha generado reacciones negativas en la comunidad local. El alcalde de Tiltil, César Mena, expresó su desacuerdo, calificando la medida de inconsulta y advirtiendo sobre la posible organización de movilizaciones ciudadanas. De hecho, la noche del viernes, los vecinos realizaron barricadas en varios puntos de la Ruta 5 Norte, causando congestión y cortes de tránsito en áreas como La Cumbre y Montenegro. A pesar de las protestas, el Ejecutivo ha reafirmado que la transformación del penal se enmarca en un compromiso con la justicia y la equidad, buscando poner fin a los privilegios carcelarios de los condenados por delitos de lesa humanidad. (NP-Gemini-La Tercera)
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