Aquí tienes el contenido reescrito:
Una operación policial extensa en los barrios de Penha y Alemao ha marcado un hito de letalidad en la historia del estado de Río de Janeiro, con al menos 132 personas confirmadas fallecidas. La Defensoría Pública de Río de Janeiro ha verificado esta cifra, superando así la masacre de Carandiru en Sao Paulo en 1992, donde murieron 111 presos, un emblemático símbolo de la violencia policial en Brasil.
Horas después del operativo, considerado «histórico» por el gobernador Cláudio Castro, los residentes de Penha se encontraron con numerosos cadáveres, sumando al menos 72 hombres. Estos cuerpos fueron acumulados en la Plaza Sao Lucas, donde los vecinos tuvieron que desvestirlos para que los familiares pudieran identificarlos más fácilmente.
El activista Raull Santiago, impactado por la crueldad del suceso, comentó al portal G1: «En 36 favelas, tras múltiples operaciones, nunca había presenciado nada semejante. Se trata de una brutalidad y violencia sin precedentes».
BALANCE DEL MEGAOPERATIVO
El megaoperativo del martes incluyó alrededor de 2.500 policías y se centró en el Comando Vermelho, una de las principales organizaciones criminales de Brasil, que controla más de la mitad de las áreas delictivas en la región metropolitana de Río de Janeiro.
La misión principal era llevar a cabo múltiples detenciones, incluido uno de sus líderes, Thiago do Nascimento Mendes, conocido como ‘Belao do Qutungo’.
El saldo final de esta violenta operación revela al menos 132 fallecimientos, cuatro policías muertos durante el operativo, más de 80 detenidos, entre ellos el líder ‘Belao do Qutungo’; varios heridos, incluidos civiles, y la incautación de una treintena de fusiles y otras armas de menor calibre.
La Policía informó que los agentes enfrentaron ataques con bombas lanzadas desde drones, lo cual indica la gravedad del enfrentamiento.
REACCIONES: DESDE ONU A LULA
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos emitió un llamado urgente al Gobierno de Brasil, demandando una «reforma integral y efectiva» en los métodos policiales tras el violento megaoperativo en Río de Janeiro. La acción contra el Comando Vermelho en las favelas de Penha y Alemão dejó un saldo de al menos 132 muertos, convirtiéndose en la operación policial más letal en la historia del estado, superando la trágica masacre de Carandiru de 1992.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su preocupación por la alta mortalidad durante la operación, subrayando que las muertes «afectan desproporcionadamente a personas negras». Türk indicó que la violencia policial en Brasil se ha «normalizado» a lo largo de las décadas.
El Alto Comisionado instó a las autoridades a poner fin al «ciclo de brutalidad extrema» y a asegurar que las operaciones de seguridad pública cumplan con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza. En particular, demandó que la fuerza letal solo se utilice cuando sea «estrictamente necesaria para proteger vidas o evitar daños graves».
La ONU también destacó la urgencia de que las autoridades brasileñas aborden el «racismo sistémico» que afecta a la población negra. Según datos de la ONU, las muertes a manos de la Policía en Brasil son frecuentes y se dan de manera sistemática, estimándose alrededor de 5.000 muertes anuales, principalmente entre jóvenes negros en áreas empobrecidas. Türk fue contundente: «Estas violaciones no pueden quedar impunes».
La afirmación de Türk se daba mientras el conteo de víctimas continuaba aumentando. La Defensoría Pública de Río de Janeiro confirmó el total de 132 fallecidos, aunque el Gobierno local maneja una cifra ligeramente más baja de 121. La magnitud del evento fue descrita como un «nivel desconocido» de brutalidad por el activista Raull Santiago.
La intensidad del operativo fue evidenciada por los propios vecinos, quienes el miércoles encontraron cadáveres y los acumularon en la Plaza São Lucas, donde los desvistieron para ayudar a los familiares en su identificación.
A nivel federal, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mostró «horrorizado» por lo sucedido, según lo confirmado por el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski.
No obstante, en un intento por distanciarse del sangriento desenlace, el director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, indicó que su cuerpo decidió no participar en la operación, al considerarla «no razonable» y señalar que no hubo una comunicación formal que justificara su intervención. Lewandowski agregó que el presidente Lula no consideró la opción de declarar una Garantía de Ley y Orden (GLO), una figura legal que permitiría el despliegue de las Fuerzas Armadas. (NP-Gemini-La Tercera Agencias)
Con Información de www.nuevopoder.cl
