En un cierre de año caracterizado por contrastes legislativos, el presidente argentino, Javier Milei, logró un hito político al conseguir que el Senado aprobara el Presupuesto 2026. Con 46 votos a favor y 25 en contra, el Ejecutivo obtuvo, por primera vez, una guía financiera propia que proyecta un superávit fiscal primario del 1,5% del PIB. Milei calificó este acontecimiento como «histórico», afirmando que su administración ha roto con la «inercia de la decadencia» del país.
Sin embargo, esta aprobación presupuestaria no se tradujo en un éxito inmediato para su ambiciosa «Ley de Modernización Laboral». A pesar del triunfo oficialista en las recientes elecciones de medio término, el Gobierno decidió posponer el debate sobre la reforma laboral hasta febrero de 2026, tras enfrentar una masiva movilización de la Confederación General del Trabajo (CGT) y desafíos en la Cámara de Diputados.
EL POLÉMICO «PAGO EN ESPECIES» Y FLEXIBILIZACIÓN
Este proyecto de ley, que consta de 92 puntos, ha generado fuertes críticas por proponer cambios estructurales en la relación laboral. Uno de los artículos más controvertidos permite pagar salarios completamente «en especies», lo que facilitaría la remuneración con bienes, servicios, alimentos o moneda extranjera, eliminando el límite histórico del 20% para este tipo de pagos.
Abogados laboralistas y líderes sindicales han comparado esta medida con sistemas del siglo XIX, considerándola un «retroceso» y un foco de precarización laboral. Además, se propone la creación de un «banco de horas» que podría permitir jornadas diarias de hasta 12 horas, así como una reducción en el cálculo de indemnizaciones por despido, excluyendo el aguinaldo y las vacaciones.
TENSIÓN CON LOS SINDICATOS Y DERECHO A HUELGA
La reforma también impacta la estructura sindical en Argentina. El texto sugiere eliminar la «cuota solidaria», un aporte de trabajadores no afiliados que financia a los sindicatos, y amplía el listado de «actividades esenciales». Bajo esta nueva normativa, sectores en conflicto tendrían la obligación de mantener un 75% de funcionamiento, lo que la CGT interpreta como una limitación al derecho de huelga.
Desde el sindicalismo, la postergación del debate se recibió como un «triunfo táctico». Jorge Sola, secretario general de la CGT, advirtió que no permitirán la aprobación de la ley «entre gallos y medianoche» y exigió una mesa de diálogo. Mientras tanto, líderes industriales señalan que el proyecto parece elaborado por «bufetes de grandes empresas», sin ofrecer beneficios reales para las pymes ni incentivos claros para combatir el trabajo informal.
Con Información de www.nuevopoder.cl
