El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, José Miguel Durana, ha solicitado al Gobierno de Chile que evalúe si el país debe continuar en la Convención de Ottawa, un tratado que prohíbe el uso de minas antipersonal, con el fin de “recuperar herramientas legítimas de defensa” ante el aumento de la criminalidad en la Macrozona Norte.
El congresista de la Unión Demócrata Independiente (UDI) por la Región de Arica y Parinacota, subrayó que esto “no es una discusión ideológica, sino una reacción proporcional y lógica ante una amenaza real. En la Macrozona Norte, ya no se trata solo de migración irregular, sino de bandas criminales transnacionales que operan armadas, con control territorial y redes de tráfico de personas, drogas y armas”.
“Si el Estado no puede garantizar el control fronterizo, no está cumpliendo su función más básica. La Convención de Ottawa fue diseñada para otros tiempos, no para lidiar con bandas que actúan con violencia, armamento y poder económico”, expresó el senador.
“Los habitantes de Arica viven con miedo. El tráfico de migrantes, la trata de personas y el lavado de dinero ocurren a su alrededor. No estamos pidiendo militarizar el país. Estamos demandando herramientas legales y efectivas para proteger a la población”, añadió.
Además, destacó que “otros países democráticos han revisado tratados internacionales cuando estos resultan incompatibles con sus propios desafíos internos. Chile no puede permitirse seguir siendo ingenuo. El Estado está perdiendo territorio. Es momento de recuperar el control”, enfatizó.
Una medida legítima
El senador afirmó a La Segunda que la situación de inseguridad en Arica —donde asegura que más del 60% de la población se siente amenazada— ha llegado al punto de generar una demanda ciudadana por respuestas contundentes y concretas. “La gente vive con miedo, no puede disfrutar de su ciudad en libertad y nos exige acciones proporcionales al nivel de amenaza”.
Aunque Durana reconoce que la reactivación de las minas antipersonal no es inmediata, considera esencial eliminar las “amarras legales” que actualmente impiden siquiera evaluar esa opción. “El país debe estar preparado para utilizar todos los mecanismos posibles para resguardar su integridad territorial. No se trata de ideología, sino de sentido común”, afirmó.
El senador de la Región de Arica y Parinacota también advierte que el contexto ha cambiado drásticamente desde que se firmó el tratado. «Hoy enfrentamos redes criminales transnacionales, con armas, lavado de dinero y cooptación institucional, que operan a plena luz del día. ¿Vamos a seguir como si nada?», cuestiona.
El congresista está preparando un documento formal dirigido al Ministerio del Interior y al Ministerio de Seguridad Pública para solicitar que el Ejecutivo evalúe la salida del tratado. Durana sostiene que esta medida, que considera legítima y alineada con la defensa de la soberanía, debería formar parte de los programas presidenciales en las próximas elecciones. De hecho, espera que la carta de su sector, Evelyn Matthei, lo incorpore como un eje de su propuesta de seguridad.
“Chile no puede seguir siendo rehén de tratados que impiden respuestas efectivas ante amenazas reales”, reafirmó Durana.
