La propuesta de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público ha suscitado preocupación debido a la incertidumbre que crea en torno al financiamiento del Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa, indispensable para el suministro de material bélico vital para la operatividad de las Fuerzas Armadas de Chile.
En 2019, el país sudamericano reemplazó la Ley Reservada del Cobre, que asignaba el 10% de las ventas de la Corporación del Cobre (Codelco) a inversiones en defensa. Desde entonces, tras la aprobación del Congreso Nacional, comenzó a funcionar el Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa.
Este año, la entidad consultiva y técnica formada por el Ministerio de Hacienda, con el objetivo de evaluar y sugerir cambios estructurales que mejoren la eficiencia, sostenibilidad y transparencia del gasto público a largo plazo, propuso eliminar los incisos 1 y 2 del artículo 103 de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, que estipulan un aporte basal mínimo para dicho fondo.
La comisión argumenta que, en un contexto de déficit fiscal, este mecanismo lleva a Chile a endeudarse para transferir recursos no utilizados, generando un costo anual de 6.600 millones de pesos debido a la diferencia entre los rendimientos del fondo y los intereses del endeudamiento con base en una tasa soberana en UF a 20 años de aproximadamente 2,5%, lo que sumaría un total de 131.994 millones en ese periodo.
La propuesta plantea la creación de un pasivo contingente como alternativa a las transferencias automáticas durante períodos de déficit fiscal, asegurando que los recursos solo se envíen al Fondo Plurianual si son necesarios para gastos efectivos. Esto optimizaría el uso de recursos sin comprometer las capacidades de la Defensa Nacional.
Riesgo para la planificación
A pesar de que la comisión asegura que la modificación no afectaría la operatividad de las Fuerzas Armadas, expertos del sector tienen una perspectiva distinta. Según fuentes de La Tercera, cualquier cambio podría impactar negativamente las adquisiciones militares, ya que la compra de equipos requiere planificación a largo plazo.
El principal beneficio del fondo actual es la certeza de que los recursos estarán disponibles anualmente para la renovación de equipamientos, facilitando así la planificación de inversiones a largo plazo.
En este contexto, Marcelo Masalleras, investigador de AthenaLab, indicó a La Tercera que cualquier reforma podría comprometer la previsibilidad y proyección de las inversiones necesarias, dado los ciclos de vida de los sistemas militares.
El diputado Andrés Jouannet, miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputadas y Diputados, también expresó su inquietud, afirmando que la comisión no comprende la realidad de las Fuerzas Armadas de Chile y los desafíos que deben enfrentar, especialmente en la Macrozona Norte y Macrozona Sur, donde están desplegadas indefinidamente. Jouannet mencionó que esta situación exige certezas en el financiamiento, sin depender de los cambios políticos.
Además, hay un precedente que fomenta la incertidumbre sobre modificaciones al fondo. Aunque la ley ha estado vigente por más de cinco años, el presupuesto de 2024 fue la primera inyección de capital al fondo, aunque el gobierno decidió posponer este aporte para 2025.
Preocupación por el presupuesto 2026
El analista Marcelo Masalleras señala que, incluso sin haber completado la implementación de la ley, las modificaciones propuestas ya están generando incerteza en las Fuerzas Armadas. Según Masalleras, el fondo perdería su razón de ser si no se garantiza la disponibilidad predecible de recursos.
“Si se reemplazó la Ley del Cobre por otra ley, se esperaría que fuera igual o mejor. Sin embargo, tras lo ocurrido, surgen dudas legítimas sobre si realmente fue así”, concluye el investigador.
La propuesta de modificación al fondo se presenta antes de la discusión del presupuesto fiscal para 2026. Aunque el Ministerio de Defensa Nacional aún no se ha pronunciado sobre la propuesta de la comisión asesora del Ministerio de Hacienda, se desconoce información sobre el presupuesto del próximo año.
Por su parte, la directora de la Dirección de Presupuesto, Javiera Martínez, comentó que las propuestas de la comisión ofrecen una “hoja de ruta” que podría aplicarse en el futuro, aunque su implementación dependerá de las decisiones de los gobiernos posteriores. Esto ha generado un panorama ambiguo respecto a la estabilidad del financiamiento para las Fuerzas Armadas.
La situación financiera también es objeto de vigilancia, dado el aumento de gastos experimentado por las Fuerzas Armadas en los últimos años debido a los despliegues en la Macrozona Norte y Macrozona Sur, y porque los incrementos de sus presupuestos no han sido significativos.
