El crecimiento de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en México y Colombia durante las últimas décadas ha llevado a diversos Estados latinoamericanos a establecer marcos legales que permiten asignar nuevos roles a sus Fuerzas Armadas en la lucha contra esta actividad ilegal. Uno de estos escenarios de contención de baja intensidad implica la interceptación y el derribo en ciertos países de aviones civiles sospechosos de estar cometiendo un delito, generalmente relacionado con el narcotráfico, considerando al infractor como una “aeronave hostil”.
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