La Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público presentó al Ministerio de Hacienda de Chile 34 propuestas para optimizar el uso de los recursos, entre las cuales se propone la eliminación de los incisos 1 y 2 del artículo 103 de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, que establece un aporte basal mínimo al Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa.
Esta recomendación ha sido elaborada por el organismo consultivo y técnico creado por el Ministerio de Hacienda con el fin de evaluar y proponer cambios estructurales que mejoren la eficiencia, sostenibilidad y transparencia del gasto público a largo plazo, lo que podría generar un ahorro inmediato de 6.600 millones de pesos.
La eliminación de este aporte mínimo implicaría que las Fuerzas Armadas perderían una fuente crucial de financiamiento para inversiones estratégicas. Hasta ahora, este aporte se calculaba como el promedio de los últimos seis años, garantizando un mínimo anual que permitía la planificación segura para la renovación de equipamiento y otros proyectos.
Con la eliminación de esta obligación legal, las Fuerzas Armadas estarían sujetas a las decisiones del Ejecutivo y del Congreso en la Ley de Presupuestos de cada año, sin un marco normativo que asegurase la continuidad en su financiamiento. Esto generaría una alta incertidumbre sobre la disponibilidad de recursos en el futuro, especialmente en momentos de restricciones fiscales o cambios en las prioridades del gobierno actual.
Esta situación también impactaría la capacidad de las instituciones de defensa para llevar a cabo proyectos complejos que requieren compromisos financieros a largo plazo. La ausencia de una base sólida de financiamiento limitaría la planificación a futuro, debilitaría la autonomía presupuestaria del sector y podría poner en peligro el desarrollo de capacidades críticas para la Defensa Nacional.
