Senadores oficialistas recurren al TC por mutualización de deuda de isapres

Un grupo de 17 senadores del oficialismo presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional respecto a la reciente Ley Corta de Isapres, argumentando que dicha legislación viola la Constitución. Este grupo, liderado por el senador Juan Luis Castro (PS), busca detener cualquier avance legislativo relacionado con la mutualización de la deuda de las aseguradoras privadas de salud.

La controversia surge tras el despacho de una ley desde el Senado hacia la Cámara, el pasado lunes, que propone la mutualización de la deuda de las Isapres, reduciéndola a US$451 millones. Esta cifra representa menos de la mitad de lo previamente estimado por la Superintendencia de Salud, en un esfuerzo por cumplir con un fallo de la Corte Suprema sobre el tema.

El senador Castro criticó duramente el proceso legislativo, señalando que se ha violado la Constitución en dos aspectos fundamentales: primero, al permitir que el Senado tramite una norma que debería ser exclusiva del Ejecutivo; y segundo, al reducir el quórum necesario para su votación. Según Castro, estas acciones no solo favorecen indebidamente al sistema privado de salud, sino que también usurpan una prerrogativa del Poder Ejecutivo, ya que toda normativa de seguridad social debería ser iniciativa exclusiva de este poder del Estado.

Además, Castro enfatizó que el procedimiento adoptado para la aprobación de esta ley es reprochable, acusando directamente a los responsables de violar la Constitución. Subrayó que el Poder Ejecutivo no tenía intención de introducir tal enmienda, criticando la delegación de una materia tan sensible como la seguridad social a terceros parlamentarios, una práctica sin precedentes en Chile.

Los parlamentarios que apoyan este requerimiento ya habían anunciado previamente su decisión de acudir al Tribunal Constitucional, mostrando su descontento con la aprobación de la mutualización y subrayando su compromiso con el respeto a la Constitución. La acción busca prevenir futuras legislaciones en áreas que consideran no deberían ser objeto de debate parlamentario.

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