La propuesta de reforma constitucional establece que cualquier autoridad en funciones deberá dejar su cargo en el momento en que se certifique una sentencia condenatoria que sea definitiva.
La diputada de Renovación Nacional, Carla Morales, ha presentado un proyecto de reforma constitucional que busca inhabilitar para ocupar un cargo o función pública a aquellas personas que hayan sido condenadas mediante una sentencia firme por delitos relacionados con la probidad.
En línea con esto, la iniciativa también indica que el funcionario que esté en ejercicio de su cargo público cesará en sus funciones desde el momento en que se certifique que la sentencia condenatoria ha sido ejecutoriada, sin que esto se vea afectado por el hecho de que el cargo sea de elección popular.
La parlamentaria argumentó que es esencial modernizar las estructuras organizativas del Estado, promoviendo la transparencia en las acciones de los entes públicos, incorporando mecanismos de prevención de delitos, mejorando los controles previos y facilitando el acceso a la información para los ciudadanos.
A menudo escuchamos expresiones como ‘hice un trato con un amigo para agilizar un trámite o conseguir un beneficio’, y no debemos normalizar esas actitudes. Por el contrario, debemos promover las denuncias que se realicen de manera responsable y respetando todas las garantías legales, concluyó la diputada Carla Morales.
Con Información de chilelindo.org