La Contraloría General de la República (CGR) ha decidido que la confianza legítima de los trabajadores del sector público en Chile debe ser determinada por los tribunales de justicia, y se abstendrá de pronunciarse al respecto, poniendo fin a disputas previas con esta institución. La Contralora Dorothy Pérez ha destacado la precariedad laboral que enfrentan muchos trabajadores del Estado debido a la inestabilidad laboral bajo contratos temporales.
Según Javiera Delgadillo, jefa de carrera de Administración Pública en la Universidad de O’Higgins, los contratos temporales implican una duración limitada, sin acceso a la carrera funcionaria y con renovaciones anuales. Manuel Toro, académico de la misma carrera, menciona que la proporción de trabajadores en contrata en comparación con los de planta excede lo permitido por el estatuto administrativo, lo que repercute en la estabilidad laboral y en las posibilidades profesionales.
La decisión de la Contraloría revela un problema estructural en el Estado y, a juicio de los expertos, podría dejar desamparados a muchos empleados públicos, aumentando el riesgo de despidos arbitrarios. La figura de honorarios también plantea problemas, ya que se utiliza para funciones permanentes y estratégicas, sin sujetarse a las regulaciones de los funcionarios públicos.
En resumen, la inestabilidad laboral generada por esta situación dificulta que los trabajadores se enfoquen en los objetivos gubernamentales y complica la gobernanza en un contexto democrático. La vía legal en tribunales para resolver conflictos podría generar fricciones y procesos lentos e inciertos para los trabajadores.
Con Información de chilelindo.org