La aprobación reciente de la Ley Corta de Isapres, que tiene como objetivo garantizar la devolución de los cobros excesivos realizados por las aseguradoras de salud, ha generado controversia debido a los montos y plazos de devolución considerados cuestionables. Según los datos, algunos afiliados recibirán pagos mensuales por cantidades inferiores a mil pesos, distribuidos en plazos de hasta 156 cuotas, lo que ha generado críticas tanto de usuarios como de parlamentarios.
El conflicto se originó con la promulgación de esta ley en mayo de 2023, creada para corregir los abusos derivados de la aplicación de la tabla de factores. La Superintendencia de Salud estima que más de 700 mil afiliados deben recibir devoluciones, con montos que oscilan entre 380 pesos y 69 millones de pesos. Sin embargo, la forma en que se llevará a cabo el proceso de pago ha generado descontento generalizado.
El superintendente de Salud, Víctor Torres, ha defendido la iniciativa argumentando que sin la ley la situación sería aún peor. A pesar de esto, las críticas se han centrado rápidamente en el Gobierno, especialmente después de los comentarios de la ministra vocera Camila Vallejo, quien subrayó que el diseño actual de la ley se debe a decisiones parlamentarias y no del Ejecutivo.
Dentro del Congreso, figuras como la senadora Paulina Vodanovic han propuesto una norma interpretativa para restringir las acciones de las aseguradoras, mientras que otros legisladores, como Juan Luis Castro y Javier Macaya, han recriminado al Gobierno por crear expectativas poco realistas y por una implementación deficiente.
A pesar de la presión sobre el Ejecutivo, las críticas también han recaído en las isapres. Legisladores como Jaime Naranjo han calificado a las aseguradoras como «sinvergüenzas», mientras que otros, como Guillermo Ramírez, exigen que el Gobierno asuma la responsabilidad de las decisiones tomadas.
El debate actual se centra en cómo abordar las deficiencias de la Ley Corta. Algunas propuestas incluyen reformas al sistema de salud o ajustes legislativos que respeten el espíritu de la normativa. Sin embargo, persiste la pregunta sobre cómo se aprobaron planes de pago que han sido tan criticados por la ciudadanía y los parlamentarios.
Con Información de chilelindo.org