El Gobierno de Bolivia ha revelado el descubrimiento US$ 1 millón en efectivo en Santa Cruz el pasado 12 de enero, en un caso posiblemente vinculado con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. El dinero fue encontrado en un Lexus ocupado por jóvenes, que no han podido ser identificados hasta el momento.
Los tres policías que realizaron el hallazgo robaron el dinero en lugar de reportarlo, y se encuentran todos denunciados y arrestados por este hecho. A pesar de aquello, del botín incautado solo se logró recuperar US$843.500, según informa el medio boliviano «El Deber».
Jhonny Aguilera, viceministro de Régimen Interior y Policía de Bolivia, señaló que el dinero no fue declarado en aduana y, por lo tanto, su ingreso a Bolivia no fue legal. A pesar de las afirmaciones de Aguilera sobre el origen del dinero en una sucursal del Banco Santander en Iquique, la entidad financiera ha negado tal información, asegurando que no ha habido robos ni retiros de esa magnitud en sus oficinas en Iquique y está dispuesta a colaborar con las autoridades.
El Ministerio Público de Chile anunció que ya ha iniciado una investigación sobre este caso a través de la Fiscalía Regional de Tarapacá.
Proyecto de ley para seguir “la ruta del dinero”
Esta noticia se conoce el día en que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentara el proyecto de ley de cumplimiento de obligaciones tributarias, que incluye un mecanismo para agilizar el levantamiento del secreto bancario. Esto último se considera un elemento clave para “seguir la ruta del dinero” e investigar bandas criminales y de lavado de dinero.
Actualmente el secreto bancario, que protege la confidencialidad de las transacciones y cuentas bancarias de los individuos, puede ser levantado bajo ciertas condiciones legales en el país. Sin embargo, el proceso para obtener esta información es conocidamente lento y burocrático, siendo un lastre en los procesos de investigación criminal.
El proyecto de ley ingresado hoy por el Ejecutivo al Congreso Nacional propone modificar el procedimiento para levantar el secreto bancario para facilitar el acceso a estos datos por parte de las autoridades en casos que requieran una investigación rápida y efectiva. Específicamente, de ser aprobado, será el contribuyente quien deberá presentar una acción judicial para oponerse al levantamiento.
