Por Cristian Vargas; Socio de Tax & Legal en BDO Chile
La Ley N° 21.713, conocida como la ley de cumplimiento tributario, no introduce cambios importantes en el sistema tributario ni modifica las reglas existentes de forma sustancial. Su enfoque se centra en ajustes procedimentales destinados a fortalecer la fiscalización y la administración tributaria.
Uno de los cambios más destacados es la reestructuración del Servicio de Impuestos Internos (SII), que ahora contará con un Comité Ejecutivo y un Consejo Tributario. Esta modificación busca fomentar un liderazgo más colaborativo, donde las decisiones se tomen con la participación de diversas personas, con el objetivo de aumentar la transparencia y la eficiencia en la gestión.
En cuanto a la fiscalización, la ley refuerza las acciones contra la evasión y el fraude tributario. Se agiliza el levantamiento del secreto bancario, limitando la capacidad de oposición del contribuyente en ciertos casos. Además, se incrementan las sanciones para los delitos tributarios más graves y se introduce la figura del denunciante anónimo, con el fin de estimular la colaboración ciudadana en la detección de irregularidades. Sin embargo, algunas disposiciones, como la obligación de informar a las instituciones bancarias sobre los abonos recibidos por un contribuyente, han generado críticas por parte de pequeños comerciantes que dependen de estas transacciones para su sustento económico más que por acciones evasivas.
Por otro lado, la ley incluye beneficios transitorios destinados a fomentar el cumplimiento voluntario. Destaca la oportunidad de regularizar capitales y rentas no declarados en el extranjero mediante el pago de un impuesto único del 12%. También se contempla la prescripción de deudas tributarias anteriores al año 2013 y la posibilidad de resolver juicios tributarios de manera anticipada con condonación de intereses y multas. Estas medidas ofrecen a los contribuyentes la oportunidad de ponerse al día con sus obligaciones sin enfrentar cargas financieras excesivas.
A pesar de ello, la implementación de la ley presenta dificultades, especialmente en relación a los plazos de algunas disposiciones. Por ejemplo, el tiempo limitado para regularizar activos en el extranjero ha sido objeto de críticas por ser insuficiente. Ante esta situación, el gobierno ha presentado un proyecto de ley para extender los plazos y corregir inconsistencias.
Aunque la ley no impulsa aumentos tributarios ni cambios en el sistema, refuerza los mecanismos de control para garantizar el cumplimiento fiscal, buscando una mayor equidad que impacta directamente en los contribuyentes y en la sociedad en general. Sin embargo, su éxito dependerá de una implementación efectiva y de la capacidad del Estado para equilibrar la fiscalización con el respeto a los derechos de los contribuyentes.
El tiempo mostrará si la expectativa de que, una vez en funcionamiento, los ingresos fiscales aumentarán un 1,5% del PIB, es decir, cerca de US$4.500 millones, es correcta.
Con Información de chilelindo.org