A poco más de un año desde la implementación de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensión de Alimentos, podemos observar notables progresos en la protección y garantía de los derechos económicos de niñas, niños y adolescentes en Chile. Aprobada de manera unánime por el Congreso el 30 de agosto de 2022, y operativa desde el 20 de mayo de 2023, esta legislación ha introducido herramientas eficaces para asegurar el cumplimiento de las pensiones de alimentos.
Desde su implementación, los Tribunales de Familia han gestionado más de 830 mil millones de pesos en deudas de pensión de alimentos, con más de 318 mil millones de pesos ya pagados a los beneficiarios hasta mediados de mayo de 2024. Este éxito se refleja en las cifras: 474.704 solicitudes procesadas para el procedimiento especial y 399.322 para el procedimiento extraordinario, beneficiando a un total significativo de familias en todo el país.
La ley ha fortalecido el Registro Nacional de Deudores, operativo desde noviembre de 2022, que sanciona la morosidad y facilita la retención de fondos para el pago de deudas. Esto ha permitido que el Registro Social de Hogares incluya la deuda de pensión de alimentos como factor en la clasificación socioeconómica, posibilitando que más hogares accedan a beneficios estatales relevantes.
Uno de los aspectos más destacados de la ley es la activación de procedimientos especiales por parte de los tribunales, permitiendo la retención de fondos en cuentas bancarias y otros instrumentos financieros. En situaciones más extremas, se pueden utilizar los fondos de capitalización individual de las AFP para saldar deudas, respetando ciertos límites dependiendo de la cercanía del deudor a la edad de jubilación.
La eficacia de esta ley no solo se mide en términos financieros sino también en su impacto social, proporcionando un soporte crucial para las familias que luchan por asegurar un futuro estable para sus hijos. Esta legislación representa un avance significativo en la lucha contra la evasión de responsabilidades parentales y reafirma el compromiso del estado chileno con el bienestar de sus ciudadanos más jóvenes.