Hace semanas el Presidente Gabriel Boric presentó al país el proyecto del gobierno de Ley de Presupuesto 2024. Se trata de la Ley más importante del para el país, pues contiene la distribución y gestión del erario nacional para el próximo año; y para su aprobación requiere de una intensa discusión parlamentaria que recién comienza, no sin dificultades, debido a las trabas que está colocando la derecha conectando el trámite presupuestario con el Caso Convenios.
La propuesta del Gobierno busca expandir el gasto fiscal en un 3,5% para, como ha dicho el ministro de Hacienda Mario Marcel, “acompañar la reactivación de la economía y responder a las necesidades de las personas con énfasis en inversión pública, salud, educación, vivienda, seguridad, emergencias, cuidados y cultura”. En las áreas que comprenden sólo gasto social, el incremento se empina hasta el 4,5%.
Actualmente, el proyecto se encuentra siendo discutido en cinco subcomisiones, pero tras la comisión mixta general, será debatida en la Sala de la Cámara de Diputados. Aquí es cuando asoma el boicot de los partidos de la oposición que pone en riesgo estos aumentos.
Desde el Partido Republicano, el diputado Juan Irarrázaval, ha expresado que “nos preocupa la Ley de Presupuesto. La de este año era parte del mecanismo de saqueo institucional. Si no se remueve a Martínez, discutiremos con mucha desconfianza el presupuesto”, advirtió. Javiera Martínez es la directora de Presupuesto del ministerio de Hacienda, uno de los cargos de máxima confianza del Presidente de la República, y su nombre está siendo usado como un arma política debido a los trascendidos de prensa -El Mercurio, principalmente- que apuntan a que sería llamada a declarar como imputada en la causa Democracia Viva, cuestión que no ha ocurrido hasta la fecha. Desde la oposición responsabilizan a Martínez, militante de Revolución Democrática, por los traspasos de fondos desde el Estado a fundaciones privadas que han hecho mal uso de los dineros, y que están controladas por militantes de la misma tienda.
Su salida de la discusión de la Ley de Presupuesto es, entonces, el objetivo principal de la derecha. De lo contrario, han advertido que están dispuestos a dejar sin financiamiento al país en algunas de sus áreas más sensibles.
En este contexto desde la UDI, a través de una carta pública, lanzaron una advertencia relacionada con otro alto funcionario del Ejecutivo. Los gremialistas anunciaron que “en el marco de la tramitación de la Ley de Presupuesto 2024 presentaremos una indicación para rebajar a $1 peso la partida correspondiente a la Presidencia de la República -de la cual depende el señor Miguel Crispi-, respondiendo así a la afrenta y a la actitud ofensiva de su gobierno con el Congreso Nacional”. El ex diputado Miguel Crispi -actual jefe de Asesores de la Presidencia- es otro de los personeros de RD que -según El Mercurio- serían llamados a declarar a la Fiscalía por el Caso Convenios -el tercero es Giorgio Jackson-. Su nombre aparece en la polémica presupuestaria debido a que no ha asistido a la comisión investigadora de la Cámara por los convenios, instancia que lo quiere interrogar por su rol como ex subsecretario de Desarrollo Regional en el traspaso de fondos a las fundaciones. La ministra del Interior Carolina Tohá ha afirmado que Crispi “no está obligado a asistir” a la comisión que investiga los líos de platas.
Desde Renovación Nacional, en tanto, el integrante de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, Miguel Mellado, también señaló que, de no remover en su cargo a Javiera Martínez, “lo que va a pasar es que ella no va a poder ingresar a la sala cuando se esté discutiendo el proyecto de Presupuesto y no va a poder responder las preguntas y el Gobierno no va a tener cómo responder las preguntas de los parlamentarios, y eso se va a entrampar y va a haber ‘gallitos políticos’ en ese tratamiento del proyecto de Ley que es la parte más importante”.
Es decir, la aprobación de los miles de millones de pesos que se requieren para el funcionamiento de Salud, Educación, Seguridad, Pensiones y todas las áreas públicas del país, depende hoy del acatamiento que haga, o no, el gobierno de lo solicitado por los partidos de la derecha. O el gobierno obedece o la oposición va a entrampar el avance de una Ley que se traduce en beneficios directos para la ciudadanía.
Como respuesta, desde el gobierno, el ministro Luis Cordero manifestó que “no corresponde utilizar las herramientas del derecho para fines políticos”.
Pero ¿Con qué necesidades sociales se juega en este gallito político? Los principales aumentos que se propondrán en este proyecto son en materia de salud (8,1%), vivienda (11,9%), educación (4,2%), seguridad pública (5,7%), emergencias (28%), cuidados (20%) y cultura (6,8%).
En el desglose, se encuentran áreas de máxima necesidad en la actualidad, como los recursos que se precisan para disminuir las listas de espera en la atención de salud. Las compras de prestaciones a privados, por ejemplo, tendrán un alza de un 27,27%, si es que tiene éxito la discusión parlamentaria. La medicina curativa de libre elección, un 40,45%. Hay que recordar que en julio el Ministerio de Salud informó que más de 10 mil pacientes que estaban en listas de espera murieron entre enero y abril de este año, de entre los cuales 9.139 esperaban una consulta médica, 648 una odontológica y 660 una quirúrgica.
En Vivienda, por su parte, el presupuesto para el Fondo Solidario de Elección de Vivienda crece un 28,6%, el Programa Habitabilidad Rural un 42,6%, y el Subsidio al Arriendo otro 31%. Aquí corresponde recordar que el déficit nacional de vivienda llegó en 2022, según los datos reportados por el actual gobierno, a 650 mil; lo que representa un incremento del déficit del 66% en siete años.
Por último, en Seguridad pública: los Programas de Seguridad en la Subsecretaría del Interior, que consideran el Plan Nacional Contra el Crimen Organizado (PNCO), el Programa BID Fortalecimiento Seguridad Pública, y el Plan Calles sin Violencia, tendrán un incremento de 51,4%. La Subsecretaría de Prevención del Delito, por su lado, crece un 10,3%. Esta es una de las áreas más sensibles para la población, según todos los estudios de opinión. La urgencia por mayor seguridad la manifiesta la encuesta de victimización elaborada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) que evidencia que durante el primer semestre del 2023, un 61,8% de los locales fueron víctima de algún delito. Es un nuevo récord desde que se realiza el estudio (2008).
Con todo, la Ley de Presupuesto debe estar despachada a más tardar 60 días después de ingresado el proyecto; es decir, a fines del mes de noviembre tendrán que estar destrabadas todas las diferencias y gallitos políticos ¿Estará dispuesta a avanzar la derecha si el gobierno no les da el gusto? ¿Estarán dispuestos a poner en riesgo los recursos que echan a andar el país? Ahora el trámite continúa así: una vez concluidos los informes de las 5 Subcomisiones de Presupuestos, durante el mes de noviembre, el proyecto será analizado por la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Luego, los informes irán a cada Sala de la Cámara y el Senado, considerando todas las instancias legales de tramitación, tales como, Comisión Mixta, veto presidencial, insistencias u observaciones.
Por ahora la derecha se da un gustito: advertir, amenazar y poner condiciones.